La Argentina avanzó con una estrategia jurídica, diplomática y política para intentar frenar el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por empresas vinculadas al Reino Unido en aguas cercanas a las Islas Malvinas.
El planteo llegó por primera vez a una instancia de discusión directa entre ambos países ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), cuyas audiencias se realizaron el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania.
La delegación argentina solicitó medidas provisionales para impedir que continúen los trabajos de explotación petrolera en la zona mientras se resuelve la controversia. El fallo fue programado para el 28 de noviembre de 2026.
Las cuatro medidas que pidió la Argentina
La representación argentina presentó cuatro solicitudes principales ante el tribunal:
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Que el Reino Unido suspenda las nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura de producción vinculadas con Sea Lion.
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Que se abstenga de utilizar información obtenida durante la exploración en perjuicio de los derechos argentinos.
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Que deje de impedir que la Argentina cumpla sus obligaciones de protección del medio marino.
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Que no otorgue nuevas autorizaciones para explotar recursos en la plataforma continental en disputa.
El equipo jurídico sostuvo que la extracción de petróleo podría generar un perjuicio irreversible, ya que se trata de un recurso no renovable que, una vez extraído, no puede recuperarse.
Uno de los argumentos centrales fue que el proyecto podría avanzar antes de que el tribunal arbitral previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar esté en condiciones de intervenir.
El argumento ambiental y el riesgo de un derrame
Otro de los puntos centrales de la presentación argentina estuvo relacionado con las consecuencias ambientales de una eventual explotación petrolera.
El Gobierno advirtió que, ante un derrame en la zona de Sea Lion, la Argentina podría verse obligada a coordinar la respuesta de emergencia debido a la cercanía geográfica.
Según el plan de contingencia del operador citado durante la presentación, existiría un 30% de probabilidad de que el petróleo de un eventual reventón alcance aguas argentinas no sujetas a disputa en un plazo de 30 días.
Para la delegación argentina, este escenario refuerza la necesidad de adoptar medidas preventivas antes de que comiencen las perforaciones de explotación.
Los cruces con la delegación británica
Durante las audiencias, el Reino Unido cuestionó la competencia del Tribunal del Mar para intervenir en el caso. Su delegación sostuvo que el reclamo argentino está relacionado, en realidad, con la disputa de soberanía sobre las islas y que esa cuestión no corresponde a la jurisdicción del organismo.
La Argentina rechazó esa interpretación y aclaró que no pretende que el tribunal resuelva la soberanía de Malvinas, sino que proteja los derechos que reclama sobre la plataforma continental y los recursos naturales.
También hubo un cruce relacionado con las declaraciones del presidente Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La fiscal general británica, Ellie Reeves, utilizó sus críticas a la organización internacional para cuestionar la voluntad argentina de alcanzar una solución negociada.
El embajador argentino Mario Oyarzábal respondió que el Presidente también había expresado su compromiso con la paz y con la búsqueda de soluciones dentro del derecho internacional.
Las resoluciones de la ONU que respaldan el reclamo argentino
La estrategia jurídica se apoya principalmente en dos resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La primera es la Resolución 2065 de 1965, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e instó a ambos países a negociar una solución.
La segunda es la Resolución 31/49 de 1976, que llamó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que introduzcan modificaciones en la situación mientras continúe la controversia.
Para Buenos Aires, el desarrollo unilateral de actividades petroleras en la plataforma continental constituye una violación de esos principios.
La presión sobre las empresas que impulsan Sea Lion
La estrategia argentina también incluye acciones contra las compañías involucradas en el proyecto: Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
El Gobierno inició procedimientos penales contra directivos de ambas empresas por las actividades hidrocarburíferas en las aguas que considera bajo jurisdicción argentina.
En ese contexto, trascendió que el Ejecutivo envió una carta el 1 de septiembre a los principales responsables de Rockhopper, entre ellos su CEO, Sam Moody, y su director financiero, con advertencias sobre posibles sanciones penales, multas y encarcelamiento bajo la legislación nacional.
El canciller Pablo Quirno defendió estas medidas y sostuvo que las empresas y sus directivos estarían incurriendo en delitos de acuerdo con las normas argentinas.
Desde la Casa Rosada consideran que la presión debe desarrollarse en distintos frentes: jurídico, diplomático y político.
Una plataforma petrolera en mar abierto exhibe letreros de las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration al atardecer. (Imagen Ilustrativa)
Qué puede pasar después del 28 de noviembre
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar deberá determinar si corresponde conceder las medidas provisionales solicitadas por la Argentina.
El Gobierno mantiene cautela sobre el resultado, aunque considera que su equipo presentó argumentos sólidos durante las audiencias. Un eventual fallo favorable podría obligar al Reino Unido a adoptar medidas para suspender o limitar las actividades vinculadas con Sea Lion.
Sin embargo, si el tribunal rechaza el pedido, la administración nacional anticipó que continuará con las acciones diplomáticas y judiciales para defender el reclamo argentino.
La resolución del 28 de noviembre será un paso importante en una disputa que combina la soberanía de las Islas Malvinas, la explotación de recursos naturales y la protección del medio ambiente marino.
