El conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno suma una nueva medida de fuerza. La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) convocó a un paro nacional de 48 horas para el jueves 27 y viernes 28 de agosto, en reclamo por el financiamiento de las casas de estudio y el deterioro de los salarios docentes.

La protesta se desarrolla en medio de la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue ratificada por el Congreso después del veto presidencial y cuya implementación continúa generando reclamos gremiales y judiciales.

Reclamos por los fondos universitarios

Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) también cuestionaron la falta de cumplimiento de los recursos contemplados en la normativa.

El director del Ciclo Básico Común (CBC), Felipe Vega Terra, sostuvo que las universidades todavía no reciben los fondos previstos y señaló que, pese a distintos fallos judiciales que ordenaron avanzar con la aplicación de la ley, las transferencias presupuestarias no se concretaron.

La situación alcanza tanto a los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones como a partidas vinculadas con salarios docentes y becas estudiantiles.

Pérdida del poder adquisitivo

Uno de los principales reclamos de los gremios está relacionado con la evolución de los salarios frente a la inflación.

Según las estimaciones planteadas por Vega Terra, los docentes universitarios acumulan una pérdida cercana a un tercio de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023. Para recuperar el nivel salarial de ese momento, sería necesario un aumento superior al 50% respecto de los ingresos actuales.

La situación afecta especialmente a los cargos de menor dedicación, aunque también alcanza a docentes con dedicación exclusiva.

Desde el sector universitario cuestionan además que las actualizaciones salariales hayan sido establecidas de manera unilateral y sin una negociación paritaria formal.

Preocupación por la salida de profesionales

Las universidades también advierten sobre las consecuencias que el deterioro salarial puede generar en el sistema científico y educativo.

La diferencia entre los ingresos de la universidad pública y los ofrecidos por el sector privado o instituciones del exterior estaría favoreciendo la salida de docentes, investigadores y profesionales altamente especializados.

Para las autoridades académicas, la pérdida de estos recursos humanos puede repercutir tanto en la calidad de la enseñanza como en la investigación y el desarrollo científico y tecnológico.

El conflicto continúa

El paro del 27 y 28 de agosto se suma a un conflicto que mantiene abiertos distintos frentes gremiales, políticos y judiciales.

Los sindicatos reclaman una recomposición salarial, mayores recursos para el funcionamiento de las universidades y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

En caso de no obtener respuestas, el frente gremial universitario anticipó que podría profundizar las medidas de fuerza.