El Senado de la Nación aprobó durante la madrugada del viernes 30 de octubre una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, vigente desde 2010. La iniciativa obtuvo 42 votos afirmativos y 21 negativos, sin abstenciones, y fue girada a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento legislativo.
El proyecto introduce modificaciones en distintos aspectos del sistema de atención, especialmente en los criterios para disponer internaciones involuntarias, la participación de profesionales de salud mental y los mecanismos de supervisión judicial.
La propuesta original del Poder Ejecutivo había generado diferencias entre los bloques políticos y recibió modificaciones durante su tratamiento en comisiones y en el recinto. Entre los cambios acordados se mantuvo la prohibición de crear nuevos manicomios.
Cambian los criterios para las internaciones involuntarias
Uno de los puntos centrales de la reforma es la modificación del requisito para disponer una internación sin el consentimiento de la persona.
La legislación vigente establece que debe existir un riesgo cierto e inminente para sí misma o para terceros. El nuevo texto reemplaza esa condición por la existencia de un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros.
La evaluación deberá contemplar no solamente la situación del paciente al momento de la consulta, sino también sus antecedentes y las posibles consecuencias de no realizar el tratamiento.
La decisión tendrá que estar respaldada por una evaluación interdisciplinaria y la firma de dos profesionales. Además, la internación deberá notificarse al juez competente y al Órgano de Revisión dentro de las primeras 24 horas.
El magistrado tendrá un plazo de tres días para solicitar informes adicionales, disponer peritajes o dejar sin efecto la medida si considera que no se cumplen las condiciones necesarias.
Las internaciones voluntarias también tendrán control judicial
La reforma incorpora nuevas obligaciones para las internaciones voluntarias. Los establecimientos deberán comunicar estas situaciones a la Justicia, que podrá solicitar informes, requerir peritajes e incluso disponer que la internación finalice si considera que no corresponde mantenerla.
También se establece que las internaciones que superen los 180 días, de manera continua o acumulada durante un período de dos años, serán consideradas prolongadas.
En esos casos, deberá intervenir de oficio el Órgano de Revisión, que tendrá que supervisar las condiciones de atención y el cumplimiento de los derechos de la persona internada.
La iniciativa también contempla la elaboración de un plan de egreso para evitar que las internaciones se prolonguen innecesariamente.
La legisladora libertaria y titular de la comisión de Salud de la Cámara alta, Ivanna Arrascaeta. (Fotos: Prensa Senado)
Qué profesionales podrán intervenir en las internaciones
Otro de los cambios discutidos durante el tratamiento legislativo está relacionado con la conformación de los equipos de salud mental.
El nuevo esquema establece que las evaluaciones deberán contar con la participación de un médico, preferentemente psiquiatra, o de un profesional con formación en salud mental, junto con una segunda firma correspondiente a otro integrante del equipo interdisciplinario.
La propuesta contempla la intervención de psicólogos tanto en las evaluaciones como en los procesos de alta y externación.
Además, habilita las teleconsultas sincrónicas con psiquiatras, una alternativa destinada a facilitar la intervención de estos especialistas en lugares donde no se dispone de profesionales de manera presencial.
Se mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios
Durante las negociaciones para conseguir los votos, el oficialismo aceptó mantener uno de los principios centrales de la ley vigente: la prohibición de crear nuevos manicomios o instituciones que reproduzcan prácticas manicomiales.
Las internaciones deberán realizarse en hospitales generales o centros especializados en psiquiatría y salud mental, bajo las condiciones establecidas por la normativa.
El texto también mantiene la importancia de los tratamientos ambulatorios y comunitarios, y establece que la internación debe ser una medida excepcional, utilizada cuando no existan alternativas menos restrictivas que permitan brindar una atención adecuada.
Incorporan la ludopatía y nuevas disposiciones para menores
La reforma amplía el abordaje de las adicciones e incorpora expresamente la ludopatía entre los consumos problemáticos contemplados por la normativa.
También establece disposiciones específicas para niños, niñas y adolescentes con problemas de consumo de sustancias.
En estos casos, la atención deberá realizarse mediante equipos especializados en salud mental infantojuvenil y en dispositivos diferenciados de los destinados a adultos. Las internaciones en unidades para mayores quedarán restringidas a situaciones excepcionales y por el tiempo mínimo indispensable.
El proyecto reconoce, además, la autonomía progresiva de los menores, su derecho a ser escuchados y la necesidad de preservar la confidencialidad. También establece que una situación de consumo no constituye por sí misma una conducta penalmente reprochable.
Directivas anticipadas y participación de las familias
Otro aspecto incorporado por la reforma es la posibilidad de que las personas establezcan directivas anticipadas sobre futuros tratamientos de salud mental.
De esta manera, podrán dejar expresada su voluntad de aceptar o rechazar determinadas intervenciones y designar a personas que puedan participar en la toma de decisiones cuando no estén en condiciones de hacerlo por sí mismas.
El texto también contempla el derecho de los familiares a recibir información, orientación y acompañamiento durante los procesos de atención.
El financiamiento para las provincias
La iniciativa incorpora un esquema de cooperación federal mediante el cual el Estado nacional deberá brindar asistencia técnica y económica a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los recursos estarán destinados al fortalecimiento de los equipos profesionales, el desarrollo de la telemedicina, la creación de dispositivos comunitarios y otras acciones vinculadas con la aplicación de la normativa.
Este punto había generado diferencias durante el debate, debido a las dudas planteadas por algunos legisladores sobre la disponibilidad de las partidas presupuestarias necesarias para implementar los cambios.
El detalle de los votos a favor -verde-, en contra -rojo- y las ausencias -color más claro- en la definición en general de la ley de salud mental.
La reforma deberá pasar por Diputados
Con la media sanción del Senado, el proyecto continuará su recorrido en la Cámara de Diputados, donde deberá obtener la aprobación correspondiente para convertirse en ley.
La votación cerró una discusión legislativa que involucró cambios en los criterios clínicos, las responsabilidades de los profesionales y los mecanismos de control de las internaciones.
Si la Cámara baja aprueba el texto, la reforma modificará distintos aspectos de la Ley Nacional de Salud Mental, aunque mantendrá la prohibición de crear nuevos manicomios y el principio de que las internaciones deben constituir una medida excepcional.
