Los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos abrieron un nuevo escenario para la industria de la inteligencia artificial. Los demócratas que ganaron las gobernaciones de Texas, Ohio, Wisconsin y Georgia prometieron limitar la construcción de centros de datos o exigir que las compañías paguen los costos eléctricos y de infraestructura que generan sus instalaciones.
En Texas, Gina Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott y puso fin a tres décadas de control de su partido en el estado. Entre sus propuestas se encuentra establecer una moratoria para las nuevas construcciones hasta que la Legislatura apruebe medidas de protección para las comunidades en materia de energía y agua. También plantea eliminar las exenciones impositivas que benefician a esta industria.
La discusión ya había comenzado durante la gestión de Abbott, quien ordenó al operador de la red eléctrica de Texas (ERCOT) y a los organismos ambientales suspender nuevas conexiones de centros de datos y permisos hasta completar una auditoría de los proyectos en trámite.
En Wisconsin, el gobernador electo David Crowley pidió detener temporalmente las nuevas construcciones mientras se realiza una revisión ambiental. Además, propone eliminar la exención del impuesto a las ventas para estas instalaciones y exigir que las empresas cubran la totalidad de los costos de infraestructura y las mejoras necesarias en la red eléctrica. La firma Cleanview registra al menos 30 proyectos en ese estado.
Ohio y Georgia plantean moratorias y cambios en las tarifas
En Ohio, Amy Acton, quien derrotó a Vivek Ramaswamy, presentó una propuesta de moratoria condicionada. Su iniciativa establece que las compañías deberán cubrir el 100% de sus costos energéticos, aportar su propia generación de electricidad y cumplir con las normas ambientales.
Analistas de Bank of America señalaron que la capacidad de Acton para designar integrantes de la comisión de servicios públicos podría prolongar el debate y convertirlo en una cuestión central de la política energética estatal.
En Georgia, la gobernadora electa Keisha Lance Bottoms propuso prohibir durante un año la construcción de centros de datos debido a su posible impacto en las facturas de electricidad. En paralelo, la Comisión de Servicios Públicos cambió de signo político y podría extender hasta 2031 el congelamiento de las tarifas de Georgia Power.
Sin embargo, la postura no es uniforme en todo el país. En Florida, el republicano Byron Donalds rechazó establecer una moratoria y sostuvo que cada localidad debe decidir sobre estos proyectos. También manifestó su respaldo al uso de gas y pequeños reactores nucleares para abastecer las instalaciones.
Keisha Lance Bottoms, gobernadora electa de Georgia, propone prohibir por un año la construcción de centros de datos por su impacto en las tarifas eléctricas. (Reuters)
Las empresas tecnológicas podrían afrontar mayores costos
El avance de estas propuestas representa un desafío para compañías como Oracle y Amazon, que dependen de grandes infraestructuras para sostener sus servicios de inteligencia artificial y almacenamiento de datos.
Las empresas tecnológicas ya deben aportar dinero para cubrir parte de los costos de la red eléctrica que utilizan. Sin embargo, el nuevo escenario político podría derivar en requisitos financieros adicionales y mayores obligaciones para los desarrolladores de centros de datos.
El reclamo también tiene antecedentes en otros estados. En mayo, el republicano Mike DeWine suspendió las exenciones impositivas para los desarrolladores de estas instalaciones en Ohio. En julio, el demócrata JB Pritzker pausó los incentivos destinados a la industria en Illinois.
La preocupación también aparece en la opinión pública. Una encuesta del Pew Research Center indicó que el 60% de los estadounidenses no se sentiría cómodo con la instalación de un nuevo centro de datos en su zona, mientras que la mitad considera que estas instalaciones tienen un efecto negativo sobre el costo de la energía.
El debate enfrenta dos intereses: por un lado, la expansión de la infraestructura necesaria para el desarrollo de la inteligencia artificial y, por otro, el impacto que su consumo energético puede tener sobre las redes eléctricas, las tarifas y las comunidades cercanas.
