El reclamo argentino ante el tribunal internacional
La Argentina presentó el 13 de octubre una solicitud ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, para que se adopten medidas urgentes frente a las actividades petroleras impulsadas por el Reino Unido en el área de las Islas Malvinas.
El planteo se sustenta en el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), tratado firmado por ambos países en 1982.
El pedido argentino contempla cuatro puntos principales: impedir el inicio o la continuidad de la explotación de hidrocarburos mediante el proyecto Sea Lion, evitar que el Reino Unido otorgue nuevos permisos en la zona, preservar la información obtenida durante las exploraciones y garantizar la protección del medio marino.
La presentación busca resguardar los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por Londres agraven la controversia territorial.
Los argumentos de Buenos Aires
La estrategia jurídica argentina se apoya principalmente en dos resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La primera es la Resolución 2065 de 1965, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas. La segunda es la Resolución 31/49 de 1976, que instó a ambas partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modificaran la situación mientras continuara abierta la controversia.
A partir de esos antecedentes, Buenos Aires sostiene que la explotación de recursos naturales en un territorio cuya soberanía está en disputa constituye una violación del derecho internacional.
Otro de los argumentos centrales apunta a la naturaleza del recurso. El petróleo es un recurso no renovable y, una vez extraído, no puede recuperarse mediante una sentencia posterior. Por ese motivo, la Argentina considera que permitir el avance de la explotación podría ocasionar un perjuicio irreversible mientras se resuelve la controversia.
El escrito también invoca los artículos 192 y 194 de la Convemar, referidos a las obligaciones de protección y preservación del medio marino.
El Gobierno aclaró que no pretende que el Tribunal del Mar resuelva la cuestión de soberanía sobre las islas, sino que intervenga para garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales relacionadas con la explotación de recursos mientras se tramita la controversia de fondo.
Qué es Sea Lion y quiénes están detrás del proyecto
El proyecto Sea Lion se encuentra en la cuenca Malvinas Norte, a unas 107 millas náuticas de las islas, equivalentes a aproximadamente 198 kilómetros.
La iniciativa está a cargo de dos compañías: la petrolera israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación, y la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.
El bloque donde se desarrollará la explotación comprende una superficie de aproximadamente 541 kilómetros cuadrados. El inicio de las perforaciones está previsto para enero de 2027, luego de que el Reino Unido aprobara la decisión definitiva de inversión en diciembre de 2025.
La Argentina cuestiona que Londres haya autorizado unilateralmente estas actividades en un área cuya soberanía reclama desde hace décadas.
La posición del Reino Unido
Hasta el momento, no se había hecho público un escrito británico ante el Tribunal del Mar. Se espera que los argumentos jurídicos de Londres se conozcan durante las audiencias.
Sin embargo, la ministra británica de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, sostuvo ante la Cámara de los Comunes que el inicio del procedimiento argentino no constituye un fallo judicial, no invalida las licencias otorgadas por las autoridades de las islas y tampoco modifica sus competencias regulatorias.
La funcionaria también hizo referencia al referéndum celebrado en 2013, en el que el 99,8% de los participantes votó a favor de mantener el estatus de las islas como territorio británico, con una participación del 92%.
Londres sostiene que el proyecto Sea Lion cumple con el marco jurídico que considera aplicable y que la discusión debe centrarse en la competencia del Tribunal para intervenir en el conflicto.
Además, el Gobierno británico anunció que prepara una legislación basada en la Protection of Trading Interests Act de 1980, destinada a proteger a las empresas que pudieran resultar afectadas por medidas extraterritoriales argentinas. La iniciativa todavía no fue publicada ni ingresó formalmente al Parlamento británico.
Las audiencias y el procedimiento internacional
Las exposiciones de ambos países se realizarán este martes 10 y miércoles 11 de noviembre en Hamburgo.
La delegación argentina está encabezada por María Ibarzabal, secretaria legal y técnica de la Presidencia, junto con representantes de Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro.
El equipo cuenta también con el asesoramiento del especialista en derecho internacional Marcelo Kohen, quien tuvo participación en el caso de la fragata ARA Libertad. En 2012, el propio Tribunal del Mar ordenó como medida provisional la liberación del buque argentino.
La composición del tribunal se completó con la designación de dos jueces ad hoc: el argentino Raúl Vinuesa y el británico Vaughan Lowe. Ambos prestaron juramento el lunes.
Las audiencias serán públicas y permitirán que cada país exponga sus argumentos. La Argentina tendrá la primera intervención el martes, entre las 10 y las 13, hora de Hamburgo. El Reino Unido responderá entre las 15 y las 18. El miércoles habrá una segunda ronda de exposiciones, con la intervención argentina entre las 10:30 y las 12, y el cierre británico entre las 17:30 y las 19.
La ministra de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran.
Por qué el Tribunal del Mar no resolverá la soberanía
El procedimiento tiene una particularidad jurídica: el Reino Unido eligió a la Corte Internacional de Justicia como mecanismo para resolver controversias contempladas en la Convemar, mientras que la Argentina optó por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
Debido a que las elecciones de ambos países no coinciden, la controversia de fondo deberá tramitarse mediante un arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención.
En este contexto, el TIDM tiene competencia para analizar medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral. Para concederlas, deberá verificar tres condiciones: que el futuro tribunal tenga jurisdicción prima facie sobre la controversia, que exista una situación de urgencia y que los derechos invocados por la Argentina tengan fundamentos razonables en los hechos y en el derecho.
La discusión de esta semana, por lo tanto, no determinará quién tiene la soberanía sobre las Islas Malvinas, sino si corresponde adoptar medidas urgentes para preservar los derechos reclamados por la Argentina.
Los tres escenarios posibles
El Gobierno argentino contempla tres resultados posibles para el procedimiento.
El primero sería que el Tribunal acepte íntegramente la solicitud y ordene al Reino Unido detener las actividades vinculadas con la explotación petrolera. En ese caso, Londres debería acatar la decisión y la actividad quedaría paralizada hasta que intervenga el tribunal arbitral, que posteriormente podría confirmar, modificar o dejar sin efecto las medidas.
El segundo escenario contempla una aceptación parcial del planteo argentino. En ese caso, el alcance de la resolución dependería de cuáles de los pedidos sean considerados procedentes.
El tercer escenario sería que el Tribunal rechace la solicitud por entender que el futuro tribunal arbitral no tendría jurisdicción prima facie. Si eso ocurriera, la Argentina no podría volver a solicitar medidas provisionales ante el TIDM y debería plantear la cuestión directamente ante el tribunal arbitral una vez constituido.
La resolución sobre las medidas provisionales podría conocerse alrededor del 13 de noviembre, aunque existe la posibilidad de que el organismo postergue su decisión hasta el lunes siguiente.
El resultado será relevante para determinar si el proyecto Sea Lion puede continuar avanzando mientras se desarrolla el procedimiento internacional sobre la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
