Un fallo judicial produjó un duro revés para el gobierno de Javier Milei, ya que invalidó el “protocolo antipiquetes” pergeñado por quien fuera ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, hoy presidenta del bloque oficialista en el Senado.

El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick dictaminó que se trata de una norma violatoria de la Constitución Nacional, y ordenó al gobierno libertario que no la aplique más.

La resolución 943/2023 (que define el protocolo contra las manifestaciones públicas) presenta vicios legales que lo vuelven inconstitucional, y representa “un exceso en la competencia otorgada al Poder Ejecutivo Nacional por nuestro ordenamiento jurídico, ya que bajo la apariencia de instruir al personal está legislando, lo que implica una violación al derecho aplicable”, argumentó Cormick.

El magistrado observó que esa resolución modifica de facto el Código Penal y las leyes orgánicas de las fuerzas de seguridad, algo que, por supuesto, sólo se puede hacer por ley.

La decisión de Cormick se dio en respuesta a un recurso de amparo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Y ratifica el dictamen del fiscal Fabián Canda de hace tres semanas.

“Un juez le dice al Ministerio que no puede legislar por resolución ni reinterpretar el Código Penal a su conveniencia, mucho menos cuando están en juego derechos constitucionales como la vida, la integridad personal y la libertad de expresión”, destacó Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS.