El Gobierno nacional apelará el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que hizo lugar a una medida cautelar en favor de Telecom Argentina en suspensión de los artículos del DNU 690/2020, que declara a las telecomunicaciones como servicio público.

Así lo confirmó el vicepresidente del Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom), Gustavo López, quien cuestionó que “millones de argentinos” queden “rehenes de dos personas, que vienen a suplantar al sistema político y deciden que para una empresa la ley no se aplica”

El vicepresidente del Enacom cuestionó el planteo de la empresa Telecom y el accionar de parte de la Justicia. “Se afecta la gobernabilidad y el sistema democrático”, sostuvo.

El funcionario también argumentó que el Poder Ejecutivo y en cabeza del presidente de la Nación, Alberto Fernández, dentro de las facultades emanadas de la Constitución Nacional en su artículo 99, sancionó el decreto de necesidad y urgencia.

La normativa declaró a las telecomunicaciones como servicio público, y definió que el precio ya no podría ser determinado de manera arbitraria por las empresas sino que el Estado recuperaría la capacidad de intervenir en su valor. Además, se estableció una prestación básica universal por medio del mismo.

“El coronavirus obligó al trabajo de forma remota, a la educación virtual, e incluso a la realización por medio de internet de trámites, pedidos de recetas médicas, e incluso de la inscripción a subsidios, y hoy hasta para inscribirte a la vacunación”, señaló López.

El viernes, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal admitió una presentación de la firma Telecom Argentina y decretó una medida cautelar en su favor, con voto mayoritario de los jueces José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez.

“Con esta decisión, millones de personas quedan expuestas a pagar lo que no tienen y quedar afuera de un servicio esencial", objetó López y apuntó a ciertas empresas: “Se afecta la gobernabilidad y el sistema democrático, si cada vez que no les gusta una decisión de los poderes públicos elegidos por voluntad popular van a buscar a un juez para que suspenda la medida”.

En esa línea, el segundo del Enacom marcó que “se judicializan todas las decisiones políticas, y siempre hay algún sector de la justicia apresurado por quedar bien con algún sector empresarial”. “Telecom, que es del Grupo Clarín, no está cumpliendo con la norma en cuestión desde el 1 de enero, y viene recibiendo por ello una multa diaria”, amplió.