La investigación por una presunta asociación ilícita avanzó a partir de la denuncia de una ex empleada de limpieza que aseguró haber entregado sus datos biométricos a cambio de $80.000. Una pericia de la PFA detectó 849 operaciones vinculadas a 569 CUIT y un flujo bruto superior a $27.149 millones.
Una investigación que comenzó con una denuncia
La causa que investiga la fiscal Betina Lacki, bajo la supervisión del juez Agustín Crispo, comenzó a partir de una denuncia presentada el 6 de enero de 2025 por una ex empleada de limpieza que trabajaba en el Patronato de Liberados de La Plata.
La mujer acudió a ANSES de Ensenada para iniciar una moratoria con el objetivo de jubilarse, pero allí le informaron que su solicitud había sido rechazada por AFIP. Luego descubrió que, en junio de 2024, figuraba a su nombre una transferencia de $3.500.000.
La denunciante aseguró que no había realizado esa operación y recordó que meses antes había entregado sus datos biométricos a cambio de $80.000. Según su relato, la entonces empleada judicial Albertina Mangini le había dicho que un hombre llamado Mauro podía pagarle esa suma por otra cuenta.
La mujer relató que se reunió con dos mujeres en un bar ubicado en la esquina de 7 y 56, donde le filmaron el rostro con un teléfono celular. No se trató, según su testimonio, de un escaneo ocular propiamente dicho.
Las cuentas y el rastro del dinero
La investigación apunta a una presunta organización dedicada a obtener datos de personas vinculadas al Patronato de Liberados para crear cuentas y utilizarlas en movimientos de dinero.
Entre los principales acusados aparecen Albertina Mangini, Ignacio Marchioni y Mauro Perrotta. Los investigadores también detectaron otros posibles integrantes y la fiscal Lacki solicitó sus detenciones, aunque el juez Crispo rechazó esos pedidos mientras espera reunir más pruebas.
La causa tiene como una de sus claves el seguimiento de billeteras virtuales. Según los investigadores, existen al menos 569 CUIT involucrados y las cuentas presuntamente creadas con datos obtenidos de manera irregular podrían haber sido utilizadas para canalizar dinero procedente de casinos online ilegales.
Sin embargo, hasta el momento no se encontró un casino online ilegal propiamente dicho. Parte de las sospechas surgió de distintos indicios encontrados durante la investigación.
La pericia que detectó más de $27 mil millones
Una pericia realizada por el Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina puso el foco en la operatoria de Ignacio Marchioni, señalado como una pieza central del circuito financiero investigado.
El informe analizó operaciones realizadas a través de LB Finanzas y Haz Pagos. En el primer caso, entre noviembre de 2022 y septiembre de 2023, se identificaron 849 operaciones externas exitosas con terceros correspondientes a 569 CUIT distintos.
Los ingresos de terceros fueron de $266.361.641,94, mientras que los egresos alcanzaron $749.935.913,44.
En Haz Pagos, entre julio y octubre de 2025, se detectaron 167 movimientos: 118 créditos por $13.574.944.078,14 y 49 débitos por $13.574.944.075,14.
El flujo bruto analizado llegó a $27.149.888.153,28, cifra que explica el monto de más de $27 mil millones mencionado en la investigación.
Las sospechas sobre el juego clandestino
El posible vínculo con el juego clandestino surgió a partir de distintos elementos incorporados al expediente.
Uno de ellos fue un teléfono marplatense registrado a nombre de Mauro Perrotta, que se encontraba agendado como “Casino 24 Horas”. También apareció un correo asociado a los datos de una presunta víctima que contenía el término “sinoca”, interpretado como “casino” escrito al revés.
La cuenta relacionada con esos datos había sido creada a nombre de la denunciante original.
Los investigadores consideran que el volumen de dinero detectado podría exceder las necesidades de una estructura dedicada exclusivamente al juego clandestino y analizan la posibilidad de que existan otras actividades ilícitas vinculadas.
La defensa cuestionó la denuncia
La presentación de la ex empleada de limpieza también fue cuestionada por la defensa de Marchioni, que solicitó que se declarara la “nulidad absoluta” de la denuncia.
El argumento fue que buena parte de la evidencia que vincula al financista con la organización investigada surgiría, de manera directa o derivada, de esa presentación.
El juez Agustín Crispo rechazó el pedido de nulidad.
Mientras tanto, la Justicia continúa analizando los teléfonos celulares y computadoras secuestrados durante los allanamientos, además de seguir la trazabilidad de las operaciones financieras para determinar el destino del dinero y el alcance de la presunta organización.
