Recordemos lo sucedido en Dolores

El 29 de marzo de 2024, Guido Zarantonello, un joven de 18 años lleno de proyectos, murió atropellado mientras circulaba en bicicleta por las calles de Dolores. El vehículo que lo embistió —un Toyota Yaris— era conducido por Mónica Fortini, quien según consta en la causa, tenía 1.7 gramos de alcohol por litro de sangre. Estaba borracha. Iba al volante. Lo atropelló, lo arrastró más de 30 metros y no frenó a tiempo. Guido fue trasladado en grave estado al hospital local, pero su cuerpo no resistió. Murió a los pocos minutos. La vida de una familia se quebró en mil pedazos.

Pero lo que vino después fue, quizás, aún más brutal que la tragedia misma.

La fiscal de turno, Andrea Luján Andriuolo, a pesar de las pruebas, decidió no detener a Fortini. No le dictó prisión preventiva. Ni siquiera pasó una noche en una celda. Solo se le realizó una extracción de sangre y se le permitió volver a su casa como si nada hubiera ocurrido. Mientras tanto, el cuerpo de Guido se enfriaba en la morgue. Y su padre, Julio César Zarantonello, comenzaba un peregrinaje en busca de justicia que hasta hoy no tiene respuesta.

Conexiones y silencios

Mónica Fortini no es una ciudadana cualquiera. Es empleada del poder judicial de Dolores. Y su esposo, Osvaldo Garay, también. De hecho, su posición dentro del fuero penal local ha resultado clave para lo que la familia Zarantonello denuncia como un escandaloso caso de encubrimiento e impunidad.

            
                                                                       Mónica Fortini, la autora del hecho.

“Nos enfrentamos a un aparato judicial que protege a los suyos, que se cubre entre amigos, que no actúa”, sostiene el padre de Guido, periodista de larga trayectoria en la región. “El dolor por la muerte de mi hijo es infinito, pero lo que más duele es la indiferencia, la burla institucional, el destrato que sufrimos desde el primer día”.

Lejos de mostrar arrepentimiento, Fortini continúa su vida con total normalidad en la ciudad. No solo no fue detenida, sino que jamás fue apartada de su cargo en la administración pública. Y más aún: desde aquel marzo de 2024, la familia de la víctima ha sido víctima de amenazas, amedrentamientos y denuncias falsas por parte de Garay, quien habría utilizado su conocimiento del sistema judicial para silenciar a quienes exigen justicia.

“Me denunció falsamente, consiguió una medida cautelar que me impide mostrar su rostro o nombrarlo públicamente, mientras él sigue violando restricciones y provocando a plena luz del día”, denuncia Julio César. El caso ha llegado incluso a la Cámara de Apelaciones de Dolores, donde el padre de Guido presentó un extenso escrito detallando cada uno de los episodios de hostigamiento sufridos.

Una marcha y un reclamo que no cesa

El 29 de cada mes, en silencio, con fotos de Guido, con pancartas, con abrazos que no alcanzan, familiares y vecinos marchan frente a los Tribunales de Dolores. Lo hacen para mantener viva la memoria del joven, pero sobre todo para exigir lo que parece elemental: que se investigue con seriedad, que se actúe con independencia, que haya consecuencias reales para quien mata al volante y más aún si lo hace en estado de ebriedad.

             
                                                         Guido Zarantonello tenía toda una vida por delante.

“¿Qué clase de Justicia tenemos si los victimarios trabajan dentro del mismo edificio que debería impartirla?”, se pregunta Zarantonello. Es una pregunta incómoda. Pero es también una pregunta urgente. Porque la muerte de Guido no puede convertirse en una estadística más. 

Hoy la causa está en manos de la fiscal Mónica Ferre, quien asumió a pesar de haberse excusado inicialmente por conocer a la familia de la imputada. Mientras tanto, Fortini sigue libre, Garay sigue trabajando en el poder judicial, y la familia Zarantonello sigue esperando algo que parece básico, pero en Dolores es casi una utopía.