A principios de septiembre, habíamos anticipado que el gobierno estaba trabajando en una resolución de la Secretaría de Energía para contar con un “plan de emergencia” sobre el servicio eléctrico.

El objetivo es mitigar los riesgos de cortes de luz masivos durante el próximo verano. La hoja de ruta contemplará acciones de corto y de largo plazo.

El riesgo de apagones no es algo nuevo en la Argentina, y genera temor en los despachos oficiales por el eventual impacto político que tendrían los faltantes de suministro tras el fuerte aumento de tarifas que se aplicó este año. Incluso se abrieron disputas entre funcionarios del área económica. Las empresas tanto de transporte como de distribución apuntan a que se trata de un problema en la generación que los “excede”.

El secretario coordinador de Energía y Minería del Ministerio de Economía, Daniel González, reconoció el pasado martes durante su paso por el evento por los 110 años de Shell en Argentina que “va a ser un verano complicado” en materia energética y que desde su llegada en julio trabaja junto a un comité en medidas para la mitigación de eventuales problemas en el suministro eléctrico.

En un informe publicado en junio, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) alertó que el total de energía producida localmente y las importaciones desde países vecinos no alcanzará a abastecer el pico de demanda que se espera para el verano, durante el período de febrero-marzo 2025. Cammesa estimó que hay 19% de probabilidades de que la generación se quede “corta” y el país sufra apagones.

La demanda de energía podría llegar a los 30.700 MW, unos 1.000 MW más que el récord histórico que se tocó en febrero de 2024, que fue de 29.653 MW. El foco oficial está puesto en los grandes centros urbanos, donde se consume más del 50% de la electricidad: el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Mendoza y Córdoba.