El crecimiento de la morosidad y el endeudamiento de las familias se convirtió en uno de los principales ejes de crítica del peronismo contra el gobierno de Javier Milei. Con distintas iniciativas, los principales sectores del justicialismo coincidieron en señalar el deterioro de los ingresos y el aumento del uso del crédito para cubrir gastos básicos.

La morosidad del crédito destinado a personas, tanto del sistema financiero como del no financiero, se quintuplicó en el último año y medio y alcanzó su nivel más alto de las últimas dos décadas. Además, cuatro de cada diez personas endeudadas tienen menos de 30 años. Estos datos llevaron al peronismo a instalar el tema en la agenda política y a reclamar una respuesta nacional.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof sostuvo que millones de personas están utilizando el crédito para cubrir necesidades básicas. “Son millones de personas que no pueden pagar la deuda que tomaron para cubrir gastos mínimos y para sobrevivir”, afirmó, y cuestionó que el Gobierno nacional no intervenga frente al crecimiento de la morosidad.

Kicillof también apuntó contra las billeteras virtuales, al considerar que dejaron de funcionar únicamente como medios de pago y comenzaron a otorgar créditos sin las mismas regulaciones que alcanzan a otras entidades financieras. Junto al ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, anunció medidas destinadas a reforzar la protección de los consumidores.

El mandatario bonaerense vinculó el aumento del endeudamiento con la pérdida de poder adquisitivo. Según planteó, muchas familias recurrieron a préstamos para comprar alimentos, adquirir medicamentos y pagar el alquiler.

En la misma línea se expresó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia para crear un régimen provincial de protección para usuarios de créditos de consumo. La normativa establece mayores exigencias de información para las empresas que otorgan créditos, mecanismos de registro y fiscalización y espacios de conciliación para quienes atraviesan situaciones de endeudamiento insostenibles.

Además, Quintela declaró durante 180 días la emergencia económica y crediticia en la provincia. “Muchos familias y trabajadores se endeudan para pagar deudas, no para progresar y crecer. Tenemos que poner un límite”, sostuvo.

El reclamo también llegó al Congreso. A comienzos de la semana, diputados nacionales del PJ Federal solicitaron investigar a billeteras electrónicas y financieras por presuntas conductas anticompetitivas y posibles violaciones a la legislación de defensa de la competencia. La iniciativa fue respaldada por Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Emir Félix, Ernesto “Pipi” Alí, Kelly Olmos y Pablo Yeldin.

Michel advirtió sobre el uso del crédito para llegar a fin de mes y aseguró que algunas tasas pueden alcanzar niveles extremadamente elevados. Según sus declaraciones, ya existen más de 5,5 millones de deudores y el fenómeno afecta especialmente a trabajadores, jubilados y monotributistas.

El reclamo tuvo además una fuerte expresión sindical. La CGT, junto con las dos CTA y movimientos sociales, marchó al Ministerio de Economía para cuestionar el aumento del endeudamiento de hogares y pymes. Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la central obrera, definió la situación como una “pandemia del endeudamiento” y sostuvo que se trata de un problema que atraviesa a trabajadores formales e informales.

Kicillof y Costa durante los anuncios por el endeudamiento de las familias.

Así, desde gobernadores, legisladores y organizaciones sindicales, las distintas vertientes del peronismo comenzaron a concentrar sus críticas en un mismo eje: el impacto de la política económica de Milei sobre los ingresos y la capacidad de las familias para afrontar sus gastos. Con medidas provinciales, pedidos de investigación y movilizaciones, el espacio busca unificar el discurso alrededor del endeudamiento y convertirlo en uno de los principales cuestionamientos al Gobierno nacional.