El caso contra el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque será presentado en una audiencia que se llevará a cabo este jueves por la mañana en los tribunales ubicados en bulevar Oroño al 900. En la misma, los fiscales Federico Reynares Solari, del Ministerio Público, y Juan Argibay Molina, de la Procelac; explicarán por qué creen que cometió incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato, adelantaron fuentes judiciales a Infobae. En el caso también colabora la Procunar.

Concretamente, sostienen que existió un manejo irregular en tres legajos bajo su cargo. Una de las causas tiene que ver con la conexión que existe entre el juez y el condenado narcotraficante Esteban Lindor Alvarado a través del contador Gabriel Mizzau, quien trabajó para Bailaque, de forma personal, y a su vez quien firmó los balances contables de las empresas de Alvarado, por las que fue condenado por lavado de activos.

De acuerdo a las medidas llevadas a cabo, en esa relación con Mizzau aparecen muchas sombras: Bailaque tuvo de empleado al hijo del contador en su juzgado hasta hace pocos meses que pasó a un tribunal oral. Y en el juicio provincial contra Alvarado los fiscales provinciales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery pidieron al tribunal santafesino que gire las actuaciones de ese juez federal ante el Consejo de la Magistratura al considerar que había demorado medidas contra el capo narco.

                                                     Bailaque junto al contador de Alvarado. (Gentileza: Aire de Santa Fe)

Bailaque se escuda en que la única condena de Alvarado por narcotráfico pasó por su despacho del juzgado de instrucción. Pero fue por un cargamento que se incautó en 2017 en Río Negro a personas que estaban en camiones de las mismas firmas que usaba el narco a través de un entramado de testaferros, y cuyos balances contables eran firmados por el contador Mizzau.

Cuando, en 2013, tuvo en su escritorio pedidos de intervenciones telefónicas contra “El Esteban” o solicitudes de allanamientos por manejo de droga en Rosario, rechazó las solicitudes, según afirmó el propio ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Rosario Emilio Maximiliano Lencina. De hecho, por esa situación tiene un proceso en el Consejo de la Magistratura, donde se evalúa su desempeño por entonces.

La otra causa contra el magistrado es impulsada por el fiscal Reynares Solari y tiene como base la intervención a la cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín que supo estar en manos del sindicalista Herme Juárez, conocido como “Vino Caliente”, quien fue detenido en 2019 por el juez federal de Campana Adrián González Charvay.

Después de que el juez de Campana bloqueara los fondos de la cooperativa por mil millones de pesos, un conflicto de competencia hizo que el manejo del dinero sea resuelto en el despacho de Bailaque, quien determinó derivar la plata hacia una mutual que pertenece a Fernando Whpei con el argumento de que allí iba a tener mejores rendimientos que un plazo fijo en el Banco Nación o Macro.

                                                                                   Esteban Alvarado, capo narco de Rosario

La medida fue recusada por un grupo de estibadores, quienes indicaron que era una irregularidad dejar la plata en una mutual que no tenía regulación del Banco Central y sobre la que tenía responsabilidad un amigo del juez, es decir, Whpei.

Luego de una revisión de la Cámara de Apelaciones, a través de los jueces Aníbal Pineda y Fernando Barbará, los fondos fueron redireccionados al Banco Nación. No obstante, se pudo establecer que el juez y Whpei eran amigos. Esta situación puso de manifiesto que debió apartarse de intervenir en ese tipo de legajo, justamente por conocer a una parte que terminó beneficiada con su medida.

La tercera causa fue la más mediática de los últimos días, y es la que impulsa el fiscal Argibay Molina contra el juez, su secretario Gustavo Guazzaroni y trabajadores de la ex Afip y Aduana. Dicha investigación se inició por presentaciones hechas por Claudio Iglesias, quien fue trabajador de San Cristóbal, era número puesto para ser presidente de la aseguradora y se vio afectado por allanamientos tras una denuncia anónima en la que lo sindicaban por evasión tributaria y lavado de activos en sociedad con el agente de bolsa Jorge Oneto.

Llamativamente, para el fiscal, Bailaque tomó la denuncia anónima y no delegó la instrucción en el Ministerio Público Fiscal, como acostumbraba a hacer, e impulsó allanamientos que terminaron por echar por tierra la aspiración de Iglesias. Meses después, el magistrado le dictó falta de mérito.

Quienes estarían involucrados en la denuncia anónima son trabajadores de la ex Afip y Aduana, entre los que aparecen Carlos Andrés Vaudagna; Pablo Allegrini, ex vicepresidente de Newell’s; Fernando Duncan Amante; Luciano Martín Giunta; Román Scattolon, de la dirección general aduanera Hidrovía de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, y el abogado Omar Rizzo.