Así lo solicitó el fiscal federal en lo Criminal de San Martín, Eduardo Codesido. La querella, por su parte, solicitó la pena máxima que es de 12 años. 

La jueza del Tribunal Federal de San Martín, la Nada Flores Vargas dará su veredicto recién el próximo jueves. El juicio comenzó el pasado 5 de abril.

El youtuber fue denunciado en 2020 por el manager Jorge Zonzini en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4 Federal, a cargo del juez Ariel Lijo.

 A Cabrera le prohibieron abandonar el país y le realizaron un embargo millonario.  El influencer, con más de veinte millones de seguidores, es reconocido en el ambiente por su vínculo en el pasado con famosos como L-Gante, Marcos Chino Maidana, Duki y Morena Rial, entre otros.

La causa, con la sumatoria de las denuncias de la ex diseñadora gráfica Giovanna De Mitole y de los ex editores Mariano Fernández y Joaquín Apesteguía, todos ellos empleados de la organización VIRAL/WIFI que lideraba Cabrera, recayó en el Juzgado Federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay.

Tanto el manager como los ex empleados de Cabrera presentaron pruebas sobre los sistemas de estafas a niños vulnerables y a sus padres, abusos sexuales, corrupción y facilitación de la prostitución a menores de edad y venta de estupefacientes en sus fiestas.

La ex diseñadora de Cabrera tuvo que pasar por Cámara Gesell y varias entrevistas ante los cuerpos interdisciplinarios de la PROTEX y del Departamento de Trata de la Policía Federal Argentina, además de tener que vivir en refugios para damnificadas de Trata con identidad reservada.

 “Redujo a la servidumbre bajo las condiciones de brindarle un lugar donde vivir y comer, valiéndose de su estado de vulnerabilidad”, aseguró en su declaración De Mitole ante las autoridades. Según su denuncia, los "sometían a su poder y voluntades precarias”.

Por la multiplicidad de delitos perpetrados, la Cámara Federal de San Martín decidió el desdoblamiento de la causa madre y es por ello que Cabrera llegó a este juicio oral por Trata de Personas con fines de explotación sexual y laboral y, a su vez, el Juzgado de Garantías N° 3 de Escobar sigue instruyendo otra acción penal por otras múltiples acusaciones sobre delitos sexuales y venta de estupefacientes a menores.