“CILFA reconoce y valora la decisión del Gobierno argentino de excluir la protección de los datos de prueba y la extensión del plazo de las patentes del ‘Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos’ suscripto entre la República Argentina y los Estados Unidos, temas que forman parte de la matriz estándar de las negociaciones comerciales de ese país. Estas exclusiones contribuyen sustancialmente a mantener un ecosistema farmacéutico procompetitivo”, aclararon.

También dejaron constancia que la derogación de las Pautas de Patentabilidad no deroga los principios científicos ni los antecedentes jurisprudenciales argentinos y de los propios Estados Unidos que las sustentaban. Tal como reconoce la nueva Resolución Conjunta, el INPI deberá analizar las solicitudes de patentes caso por caso, verificando el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad establecidos en la Ley 24.481 por el Congreso.

“Confiamos en la idoneidad y la capacidad técnica del INPI para que continúe realizando el análisis de patentabilidad de manera rigurosa y sobre bases científicas, concediendo patentes a auténticas innovaciones farmacéuticas y rechazando las patentes de evergreening. La cuestión trasciende el interés privado de las empresas que CILFA representa y afecta, lisa y llanamente, el interés público en materia de salud y acceso a los medicamentos”, remarcaron.

Y concluyeron que “resulta imprescindible mantener una política pública clara y sólida que preserve la competencia en el mercado farmacéutico, de modo que los pacientes y el sistema de salud puedan acceder a medicamentos genéricos y biosimilares a menor precio, sin dilaciones artificiales e indebidas de años”.

Mejora para la propiedad intelectual de la Argentina

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, definió la decisión como “una mejora trascendental en el respeto de la propiedad intelectual en nuestro país”. Declaró: “Aquella resolución, para decirlo en criollo, había hecho muy difícil (sino imposible) obtener la patente de un medicamento en Argentina. Esto no solo era un atentado contra el derecho de propiedad, pilar fundamental del programa de gobierno de Javier Milei, sino que demoraba la llegada de terapias innovadoras al país”.

En el nuevo escenario legal, el INPI se consolida como el actor técnico responsable de determinar en cada caso la patentabilidad de los desarrollos farmacéuticos. La resolución establece que la autoridad técnica “determinará en cada caso la procedencia de la patentabilidad de las invenciones”, lo que permite adaptar el análisis a las características de cada producto. Esta flexibilidad pretende evitar bloqueos a la innovación por criterios restrictivos.

Uno de los puntos centrales de la nueva norma es la protección de los productos farmacéuticos ya comercializados. El texto subraya: “los titulares de las patentes no tendrán derecho a impedir la continuación de la comercialización ni a requerir una retribución”. Con esta cláusula, los medicamentos disponibles en el mercado argentino seguirán a disposición de los pacientes y no podrán ser retirados ni sujetos a pagos retroactivos.