Los dos heridos restantes tienen 14 y 16 años. Entraron sin riesgo de vida al hospital Argerich. El primero de ellos, quien cuenta también con antecedentes por hurto y riña, ingresó al centro de salud con una excoriación en el pie izquierdo, mientras que el segundo por una herida en la zona del fémur.

Todo sucedió aproximadamente a 400 metros del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), donde el agente en cuestión estaba cumpliendo funciones de Policía Complementaria antes de que ocurriera el asalto.

Por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº40, a cargo de la magistrada Paula González, y ante la Secretaría Nº 139, que encabeza Sebastián de Simoni, se instruyó la intervención de la División Homicidios de la Policía Federal (PFA) para recolectar las pruebas del caso. Por su lado, personal del CUP asistió al personal policial y se hicieron las comunicaciones pertinentes con las áreas de Jurídico y Desempeño Profesional de la Institución.

En estas circunstancias, queda saber cómo procederá el Ministerio Público Fiscal: si considerará el incidente como un hecho de “legítima defensa” -y en ese caso el oficial recuperaría la libertad en las próximas horas-, o bien si se inscribe en un “exceso de la legítima defensa”.

Esta semana, el Gobierno nacional publicó un protocolo de actuación para las fuerzas policiales federales que deberán enfrentar este tipo de hechos. Se trata de un procedimiento que alcanza a situaciones de “riesgo inminente”, con el fin de abatir a quienes cuando cometan un ilícito ofrezcan resistencia a la autoridad y generen riesgo de muerte para los agentes de seguridad y otras personas.

El documento, que fue oficializado en el Boletín Oficial, establece cinco causales que habilitan el uso de armas de fuego a los agentes de seguridad, siempre que resulten ineficaces otros medios no violentos. El primero detalla que será en defensa propia o de otras personas, “cuando hubiere peligro inminente de muerte” o de lesiones graves. El segundo dispone que se utilizarán cuando sea necesario impedir la comisión de un delito “particularmente grave”, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas o ponga en peligro, de cualquier modo, la vida de otras personas.

El tercero consigna que se podrá usar armas quien “represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad”, o para ayudar a efectuarla. En tanto que el siguiente señala que también se podrán utilizar para “impedir la fuga de quien represente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas”, y hasta lograr su detención. El último punto dispone: “Para mantener la seguridad y el orden en los establecimientos de detención cuando corra peligro la integridad física o la vida de las personas que se encontraren bajo custodia o detenidas o de quienes tienen a su cargo su seguridad”.

Este protocolo no aplica a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, pero el gobierno porteño encabezado por Jorge Macri suele compartir una mirada de seguridad similar a la de Nación.