El escenario político de Pinamar sumó un nuevo capítulo de conflicto institucional luego de que el exsecretario de Turismo, Lucas Ventoso, presentara una denuncia formal ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD) en la que acusa al intendente Juan Ibarguren y a funcionarios municipales de haber incurrido en presuntas incompatibilidades, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes de funcionario.

Según surge del escrito presentado ante el cuerpo legislativo, Ventoso solicitó que los concejales analicen la responsabilidad política y administrativa del Departamento Ejecutivo municipal a partir de una serie de documentos que —según sostiene— evidenciarían un beneficio económico privado derivado del uso de un espacio público municipal. 

El eje de la denuncia

El exfuncionario apuntó directamente contra el intendente Juan Ibarguren y al actual secretario de Gobierno, Francisco Martín Montes, quien al momento de los hechos se desempeñaba como tesorero municipal. De acuerdo con la presentación, Montes habría firmado un contrato para explotar comercialmente una escuela de fútbol en un predio del Polideportivo municipal que había sido otorgado en comodato gratuito al Club Atlético San Vicente.

La denuncia sostiene que el club habría subcontratado el espacio público de manera onerosa, permitiendo que el funcionario municipal actuara como concesionario y percibiera ingresos por la actividad deportiva desarrollada allí.

Ventoso afirmó que la escuela —identificada como una filial vinculada a River Plate— funcionaba mediante el cobro de cuotas mensuales a los alumnos, cuyos pagos habrían sido percibidos directamente por el funcionario denunciado, tanto en efectivo como a través de transferencias electrónicas. 

Beneficio privado y promoción oficial

Uno de los puntos centrales del planteo radica en que, según el denunciante, la propia Municipalidad promocionaba la escuela desde su página web oficial, pese a tratarse de una actividad arancelada. Para Ventoso, esto demostraría una confusión entre intereses públicos y privados, ya que la iniciativa comercial habría contado con difusión institucional mientras generaba ingresos particulares.

En el escrito también se menciona que el contrato establecía una explotación por cinco años, con posibilidad de prórroga, y que el concesionario retenía la mayor parte de los ingresos obtenidos por las cuotas de los alumnos.

Pedido al Concejo Deliberante

El exsecretario reclamó que el HCD cite al intendente y al secretario de Gobierno a brindar explicaciones mediante una interpelación formal, en el marco de las facultades de control previstas en la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Además, advirtió a los concejales sobre la obligación legal de promover una denuncia penal si, tras analizar la documentación presentada, consideran acreditada la posible comisión de delitos de acción pública.

Posibles responsabilidades

La presentación sostiene que podrían configurarse responsabilidades políticas, administrativas e incluso penales por parte de los funcionarios involucrados, al entender que habrían utilizado su posición dentro del Estado municipal para obtener ventajas económicas personales.

El planteo ya ingresó formalmente al Concejo Deliberante y abre un nuevo frente político en Pinamar, donde la oposición busca que el tema avance en comisión y derive en pedidos de informes o eventuales citaciones al Ejecutivo local.

Ahora, la pelota quedó en manos de los concejales, que deberán definir si impulsan una investigación institucional o si el conflicto queda circunscripto al plano político.