Falta de Tratamiento y Perjuicio Ambiental

Jouffré fue categórico al señalar que Madariaga no está cumpliendo con su parte del acuerdo. Según el concejal, el predio otorgado a dicho municipio por la provincia debía contar con una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos operativa y eficiente, algo que, asegura, no está ocurriendo.

"Nosotros estamos pagando para el tratamiento en una supuesta planta, pero Madariaga no cumple con el tratamiento de los residuos", afirmó Jouffré.

El concejal describió un escenario alarmante: una montaña de basura a cielo abierto visible desde la ruta que, en ocasiones, es incendiada, generando columnas de humo que incluso han forzado el cierre temporal del acceso al predio. Esta situación, advierte, conlleva un daño ambiental inmenso que afecta directamente a Pinamar, dada la cercanía y el riesgo de contaminación de las napas de agua.

Una Cuestión de Espacio y Costos

Ante el argumento del intendente de Madariaga, Dr. Santoro, quien sostiene que Pinamar debe pagar más por generar un mayor volumen de basura, Jouffré recordó las limitaciones geográficas de Pinamar. "Somos un municipio ínfimo en superficie, apenas tenemos lugar para nuestra propia planta de transferencia. No tenemos lugar para nada más", explicó, subrayando que Pinamar debe priorizar sus escasos terrenos para servicios esenciales.

Para el edil de La Libertad Avanza, la discusión no es solo cuánto se paga, sino por qué se paga. Jouffré sostiene que el monto debe ser "lo justo y correspondiente", pero que ese dinero debe verse reflejado en la ejecución real del tratamiento de residuos que dicta la ley, y no simplemente en el acopio de basura.

Posibles Vías de Reclamo

Jouffré no descartó tomar medidas legales o administrativas para defender los intereses de los vecinos de Pinamar. Mencionó tres canales posibles para canalizar el reclamo:

1. 
   

   Negociación directa con el Intendente Santoro.

   
   


2. 
   

   Intervención de la Provincia de Buenos Aires, responsable de la gestión del terreno.

   
   


3. 
   

   Acciones judiciales, incluyendo la posibilidad de presentar recursos de amparo similares a los que ya existen en Pinamar, para garantizar que no se cierre la puerta de la planta y que el precio sea acorde al servicio efectivamente prestado.

   
   

«Hay que pagar lo que corresponde, pero Madariaga tiene que cumplir con los requisitos del tratamiento», concluyó el concejal, dejando clara una postura de firmeza ante lo que considera un servicio deficiente y un costo excesivo para el municipio pinamarense.