En contraposición, el bloque de Unión por la Patria (UP) propone un dictamen que establece que ningún candidato puede ser proscrito hasta que la Corte Suprema de Justicia emita un fallo definitivo. Este enfoque busca garantizar que las decisiones judiciales no interfieran en los procesos electorales hasta que se agoten todas las instancias legales.

Además de estas dos posturas principales, existen propuestas intermedias. La Coalición Cívica, la UCR, Innovación, Democracia y Encuentro Federal han presentado dictámenes que eliminan la “fecha límite” para las sentencias y amplían la lista de delitos que podrían inhabilitar a los candidatos. Estas propuestas reflejan la fragmentación del Congreso y la dificultad de alcanzar consensos amplios en torno a un tema tan sensible.

En la antesala de la sesión, se llevarán a cabo reuniones de pre Labor Parlamentaria con los bloques considerados “amigables” para coordinar la estrategia del oficialismo. Posteriormente, cada bloque político definirá su postura final en encuentros internos.

Según explicaron fuentes parlamentarias, el oficialismo estaría dispuesto a reorganizar el dictamen de mayoría para eliminar puntos conflictivos, como el denominado “artículo Petri”, que exige que las sentencias sean del año anterior al electoral. Este artículo ha generado rechazo entre algunos aliados del oficialismo.

Una fuente parlamentaria explicó que de lograrse un acuerdo, se eliminaría dicho artículo y se desglosaría el primer artículo del dictamen para facilitar su aprobación en el recinto. Esta estrategia busca presentar un proyecto más consensuado que permita avanzar en la discusión sin mayores contratiempos.