La puesta en marcha del Servicio Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires formó parte de las transferencias de la administración nacional al gobierno porteño en materia de competencias penales. Tras la aprobación de la ley 6923 del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social porteño, se puso fin a la dependencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) respecto de la fuerza de seguridad federal para la custodia de sus detenidos.

La estructura del organismo contempla dos cuerpos diferenciados. Por un lado, los Agentes de Seguridad Penitenciaria, una fuerza civil armada con formación a cargo del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), con énfasis en gestión de conflictos y uso proporcional de la fuerza. Por otro, los Agentes de Reintegración Social, integrados por profesionales y técnicos orientados al tratamiento progresivo, la educación, la salud mental y el mantenimiento de los vínculos familiares de los internos.

La ley también define la estructura jerárquica del organismo, que contará con una Dirección General, una Subdirección General y direcciones específicas de Seguridad Penitenciaria, Diagnóstico y Tratamiento, Plan de Vida, y Recursos Humanos y Bienestar Laboral. Ese esquema busca articular las tareas de custodia con programas de asistencia, educación y trabajo para los internos.

Este proyecto, junto con la Ley de Ejecución de la Pena, completa el diseño del sistema penitenciario porteño, para muchos, considerado como un avance institucional relevante, y tendrá un impacto directo sobre los más de 2.000 presos alojados actualmente en comisarías y alcaidías del distrito.