El proyecto sobre discapacidad que impulsa La Libertad Avanza podría generar un costo fiscal anual de hasta $1.209.567 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). La estimación contempla la incorporación de nuevos titulares de pensiones y volvió a poner en discusión el financiamiento de las prestaciones.

La iniciativa del oficialismo propone establecer un régimen permanente de políticas públicas para el sector, en lugar de prorrogar la emergencia en discapacidad, cuya vigencia está prevista hasta fines de 2026. El dictamen de mayoría fue impulsado por el oficialismo junto con bloques aliados en la Cámara de Diputados.

Cuánto costaría la incorporación de nuevos beneficiarios

La OPC elaboró dos escenarios para calcular el impacto presupuestario de la propuesta.

El primero contempla incorporaciones graduales durante 2027, a un ritmo de 16.800 personas por mes. Bajo esa hipótesis, el costo alcanzaría los $598.912 millones, equivalentes al 0,04% del Producto Bruto Interno (PBI).

El segundo escenario supone que todos los nuevos beneficiarios cobrarán la prestación durante un año completo en 2028. En ese caso, el desembolso anual ascendería a $1,2 billones, aproximadamente el 0,07% del PBI.

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3,66 billones para afrontar mayores gastos en jubilaciones y pensiones. Según el cálculo de la OPC, la incorporación gradual de nuevos beneficiarios absorbería cerca del 16,4% de esos recursos.

Cuántas personas podrían acceder a la pensión

Actualmente, 1.678.715 personas cuentan con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, de las cuales 435.270 ya perciben una pensión no contributiva por invalidez laboral.

La propuesta establece que podrán acceder al beneficio quienes acrediten su discapacidad mediante el CUD. Además, contempla que la pensión sea compatible con un empleo formal o con actividades registradas en los regímenes tributarios nacionales, siempre que los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Otro de los puntos centrales es la actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas. El oficialismo sostiene que el mecanismo será mensual, aunque algunos bloques aliados reclaman una redacción más precisa que garantice el ajuste por inflación.

Las diferencias dentro del Gobierno

El costo estimado por la OPC profundizó las diferencias entre el Ministerio de Economía y el sector político del Gobierno que negoció el proyecto con los bloques aliados.

Desde el área económica existen reparos sobre la capacidad presupuestaria para sostener los cambios acordados, mientras que otros integrantes del oficialismo defienden la propuesta y sostienen que es necesario garantizar la continuidad de las prestaciones.

La discusión también involucra las compensaciones adeudadas a los prestadores del sistema. Según la información difundida junto con el informe, ese monto se estima en $278.323 millones.

Ante los cuestionamientos de los bloques dialoguistas, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se comprometieron a presentar las partidas presupuestarias previstas y a introducir modificaciones para precisar las obligaciones de pago.

El debate legislativo continúa

El informe de la OPC llega en un momento de negociaciones entre el oficialismo y sus aliados para reunir los apoyos necesarios en el Congreso. Entre los reclamos pendientes figuran la garantía de actualización mensual de los aranceles, el cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas y la identificación de los recursos destinados a financiar el sistema.

La discusión enfrenta dos objetivos: establecer un esquema permanente para las políticas de discapacidad y determinar cómo se financiarán las prestaciones sin comprometer las metas fiscales del Gobierno.

La definición dependerá de las modificaciones que se incorporen al proyecto y de los acuerdos que puedan alcanzarse antes de su tratamiento en el recinto.