Mientras siguen los coletazos por el fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) por el decreto que había dispuesto el cese de las clases presenciales, el Gobierno nacional convocó a Horacio Rodríguez Larreta para acordar los fondos por el traspaso de la Policía Federal.

El llamado, realizado por el ministro de Economía Martín Guzmán y su del Interior, Eduardo de Pedro, viene a cumplir con la obligación fijada por ley en diciembre último cuando se le recortó casi un punto de coparticipación al gobierno porteño. Aporte que le entregó Mauricio Macri a la Ciudad durante su presidencia.

La norma también incluyó una cláusula por la cual se creó una comisión en la que Nación y Ciudad debieran discutir, en un plazo de 60 días, la suma que le correspondería recibir el distrito porteño para financiar los servicios transferidos. Es en este marco es que Guzmán y De Pedro citaron al jefe de gobierno porteño.

Aunque había plazo hasta el 12 de mayo para concretar la cita, el Ejecutivo pautó la reunión para este viernes en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, en horario a confirmar, y ofrecieron como alternativa los días 17,18 y 19 de este mes, en caso que Rodríguez Larreta no pudiera asistir.

“Es por ello que, como se expresara en la audiencia convocada ante la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia, desde el Estado Nacional continuamos bregando por alcanzar puntos de acuerdo y reiteramos la invitación a un diálogo de buena fe, sobre la base del respeto a las instituciones y al federalismo”, firmaron “Wado” De Pedro y Guzmán en un comunicado conjunto.

La anterior reunión para definir la coparticipación de la Ciudad fue hace 15 días cuando intervino la Corte Suprema para resolver el conflicto por el recorte de fondos al distrito porteño. Ese fue el primer paso de un expediente que podría tener un trámite muy extenso.

Un día antes, el procurador de Tesoro, Carlos Zannini, había planteado que la Corte no era competente para intervenir sobre un conflicto entre la jurisdicción nacional y el distrito porteño, pero los ministros Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti rechazaron “in limine” esa moción, con la disidencia de Elena Highton de Nolasco.

La causa comenzó en septiembre cuando Rodríguez Larreta presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado nacional, que acompañó de un reclamo económico para recuperar el dinero. La administración de la Ciudad advirtió que el recorte de fondos implica una quita de $65.000 millones anuales.

El mismo recurso, fue presentado por el jefe de Gobierno porteño para desacreditar la suspensión de las clases presenciales, una medida que hizo extensiva la Nación para todos los distritos en “alerta epidemiológica”. Como es sabido, el máximo tribunal falló a favor de la CABA.

Los juces que fallaron a favor del gobierno porteño por la presencialidad en las escuelas. 

La pulseada judicial se resolvió con el voto de los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, que hicieron lugar a la demanda presentada por la Ciudad contra la decisión del presidente Alberto Fernández de interrumpir la presencialidad en el AMBA.

Mientras tanto, Elena Highton de Nolasco, que ya se había manifestado en contra de la competencia originaria del tribunal en este caso, se abstuvo de pronunciarse sobre el tema. De esa manera, quedó saldada la disputa judicial y política del Gobierno nacional con el porteño.

Es preciso mencionar, que el fallo no declara la inconstitucionalidad del decreto porque venció el viernes de la semana pasada, pero establece criterios que deben ser tenidos para situaciones similares como la que se transita desde el 1° de mayo, cuando comenzó a regir otro DNU que también ordena el cierre de los colegios.

La sentencia se compone de tres votos, todos en el mismo sentido pero con diferentes argumentos y puntos de vista: Maqueda y Rosatti (en conjunto), Rosenkrantz y Lorenzetti. Los magistrados hicieron una fuerte defensa del federalismo y del estatus jurídico de la Ciudad de Buenos Aires, asimilable al de las provincias.

Protesta en reclamo de la clases presenciales en las escuelas. 

“El debido resguardo del federalismo constitucional exigía que el Estado Nacional justificara de manera suficiente el ejercicio en el caso de su específica competencia sanitaria en relación a la concreta orden de suspender del dictado de clases educativas presenciales”, confluyeron Maqueda y Rossatti.

En ese sentido, también marcaron que “en el examen de legalidad, la falta de justificación suficiente para ejercer una competencia sanitaria que alcance a suspender la modalidad presencial de la educación en la Ciudad deja al descubierto que, en este caso, el Estado Federal en lugar de ejercer una atribución propia invadió una que le resulta ajena”.

'La decisión adoptada por el Tribunal es un criterio de máxima relevancia institucional en el marco del federalismo argentino y debe aplicarse a casos futuros', sostuvieron los magistrados en su voto a favor de mantener las escuelas abiertas en la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, cuestionaron la idea del AMBA al marcar que 'no es una región' en términos constitucionales y que más allá de su pertinencia estratégica –que la Corte consideró que no le corresponde analizar- no justifica desconocer potestades constitucionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Rosenkrantz también respaldó la autonomía al recordar que desde la reforma constitucional de 1994 la Ciudad cuenta con 'facultades propias similares a las que gozan las provincias argentinas” y “conserva su poder de policía sobre las cuestiones de salud y salubridad públicas y sobre la organización y funcionamiento de sus instituciones educativas'.

Vale recordar, que Horacio Rodríguez Larreta, en la presentación que realizó el 16 de abril pasado, sostuvo que el artículo 2 del decreto 241/2021 del Presidente que suspendió las clases presenciales en el AMBA “viola la autonomía de la Ciudad e implica una virtual intervención federal”