El presidente de la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación, Miguel Pichetto, dispuso que el juez Alejo Ramos Padilla pueda acceder a las escuchas de la “Operación Puf” en el marco del expediente en su contra que lleva adelante el organismo.

El magistrado federal de Dolores le había reclamado al consejero y senador del PJ por nota que se le había negado el acceso a ese material de prueba. El argumento fue que el juez Claudio Bonadio, al remitirlas al Consejo, había consignado que se trataba de material “clasificado”.

Pichetto instruyó al secretario de ese cuerpo, Andrés García, para que Ramos Padilla “tenga libre acceso a toda la prueba, sin limitación alguna, a los efectos de que pueda ejercer libremente sus derechos”. Desde el entorno del senador explicaron que “el juez no es un tercero en el expediente y tiene derecho a acceder a la totalidad de las escuchas”; informó Infobae.

A los fines de que esa decisión sea rubricada por la Comisión de Acusación, se acordó una reunión ad-hoc para hoy a las 9:30 solo para aprobar ese tema.

El expediente lo instruye el diputado y consejero del PRO, Pablo Tonelli, quien ante la consulta de Infobae sostuvo que no tenía objeción en lo personal a que Ramos Padilla pudiera conocerlas, y que la negativa obedeció al pedido expreso de Bonadio de que fueran mantenidas en reserva. “Si no tiene acceso a las escuchas que existen en el expediente, no vamos a poder usarlas como elemento de prueba llegado el caso”, advirtió en ese sentido.

En las grabaciones de las conversaciones entre ex funcionarios del anterior gobierno presos en Ezeiza, uno de sus abogados y el dirigente kirchnerista Eduardo Valdés hablan de la denuncia que iba a dar inicio a la causa por extorsión contra el falso abogado Marcelo D’Alessio, que recayó en el Juzgado de Ramos Padilla. De esos diálogos surgiría que este magistrado habría estado al tanto de la presentación que se iba a hacer.

Las grabaciones de la “Operación Puf” que dieron origen a la causa penal que lleva Bonadio fueron incorporadas al expediente que instruye Tonelli por pedido de Stornelli. El fiscal fue citado cinco veces a indagatoria por Ramos Padilla en el marco de su investigación sobre el presunto espionaje ilegal con fines extorsivos, y fue declarado en rebeldía por su negativa a  presentarse.

Bonadio las remitió al Consejo el viernes 24 de mayo con la indicación de que se trataba de “material clasificado” alcanzado por ley de inteligencia. Sin embargo, dos días después, fueron difundidas por los programas periodísticos La Cornisa y Periodismo para Todos.

El martes 28, la Comisión de Acusación resolvió por mayoría notificar a Ramos Padilla del proceso -aún en estado preliminar- que se le inició  por presunto “mal desempeño”. Sin embargo, cuando el jueves 30 el magistrado se hizo presente en el Consejo para acceder al material de la grabaciones que se acaban de incorporar al expediente en su contra, le fue denegado por el pedido de Bonadio.

“Resulta irónico que se le niegue a mi defendido en el propio Consejo de la Magistratura el acceso a la prueba para ejercer nada más ni nada menos que el debido derecho de defensa, cuando a diversos periodistas les resulta llamativamente más sencillo obtener tal ‘material clasificado mediante la ley de inteligencia 25.520″, sostuvo en el escrito enviado a Pichetto su abogado defensor, el juez Juan Martín Ramos Padilla, padre el magistrado de Dolores.

Reclamó así que se “lo obliga a tomar un conocimiento parcial y sesgado de la misma por vía de los medios de prensa, donde el material supuestamente clasificado es continuamente filtrado”.

Denuncia de la Coalición Cívica

La causa judicial que lleva Bonadio donde constan las escuchas a los presos kirchneristas se inició por una denuncia de las diputadas de la Coalición Cívica Paula Oliveto y Mariana Zuvic, acompañada por las transcripciones de las conversaciones grabadas en el penal de Ezeiza. Las legisladoras alegaron que las conversaciones “reflejaban que el juez Ramos Padilla tendría conocimiento previo de la denuncia de (el empresario Pedro) Echebest y que habría sido parte de la maniobra con el objetivo de quedarse con la causa en su jurisdicción forzando su competencia”.

El objetivo -según Oliveto y Zuvic- era “entorpecer dos causas emblemáticas de la corrupción kirchnerista, la causa de los cuadernos y de la mafia de los contenedores”. La de los cuadernos la instruyen Bonadio y el fiscal Stornelli, imputado por Ramos Padilla en el expediente de Dolores.

En una ampliación de la denuncia, Elisa Carrió también alegó que la “operación” estaba dirigida a involucrarlas a ella y a Oliveto “en una supuesta ‘red de espionaje político judicial’ o de una ‘organización paraestatal'”. En la investigación que lleva adelante Ramos Padilla, existen audios de Whastapp que el falso abogado de D’Alessio le habría enviado a Oliveto, con quien habría tenido varios contactos.