Entre el 6 y el 7 de junio la situación explotó. En esas horas dos bebés murieron y otros dos se descompensaron: así se completaron los 13 ataques que se analizarán en el juicio.

Estas dos muertes sí fueron denunciadas como dudosas: una la reportó una enfermera, y la otra un policía que estaba a cargo de la custodia del hospital. Sin embargo, ambas fueron advertidas aisladamente, sin una correlación directa entre ellas o con todos los casos anteriores. Cinco niños habían muerto y otros ocho se habían descompensado, y aun así nadie llevó el tema ante la Justicia de forma unificada.

Luego de estas dos denuncias se abrió un sumario administrativo en el Ministerio de Salud, y se apartó del hospital a 15 profesionales de la salud, entre ellos la enfermera Brenda Agüero. Desde ese día desaparecieron los pinchazos, las descompensaciones y las muertes de bebés sanos.

El caso llegó a la Justicia recién un mes más tarde. Y la forma en la que ocurrió es, tal vez, tan inaudita como la explicación que le encontró la investigación del fiscal Garzón a la pregunta detrás de los cinco fallecimientos: ¿Por qué?

La instrucción del MPF comenzó a partir de que el marido de una médica del hospital, un ingeniero cordobés, escuchó el relato de su esposa sobre toda la secuencia de tragedias que se habían sucedido. Inmediatamente, se presentó en sede judicial y, por primera vez, alguien denunció que todo estaba conectado. No se equivocaba.

Las sospechas fueron respaldadas por las autopsias que le practicaron a las últimas dos víctimas fatales. Estos bebés tenían cuadros de hiperpotasemia, “niveles de potasio extraordinariamente altos”, según consta en el expediente: “Los valores normales son entre 3 mEq/L y 3.5 mEq/L, cuando se produce la muerte las células liberan un poco más y se puede encontrar hasta 4.5 mEq/L″, detallaron las fuentes consultadas. En los dos cuerpos analizados, los forenses detectaron niveles de 18 mEq/L y 22 mEq/L, respectivamente.

Otros factores clave que reveló el examen: la aplicación del potasio fue exógena -es decir, alguien se los inyectó-, también tenían niveles altos de insulina -cuando ninguno tenía indicado recibir esta hormona-, y todo esto ocurrió con “inoculaciones erráticas”.

La fiscalía argumentará ante los jurados que si bien la enfermera tenía conocimientos técnicos para vacunar correctamente a una persona, esas inoculaciones erráticas “son compatibles con quien lo hace a escondidas, cuando hay un segundo de descuido”.

La investigación, además, descartó que todo haya ocurrido de forma accidental. Es una hipótesis a considerar si se tiene en cuenta que el potasio tiene el símbolo K en la tabla periódica y suele traer confusión entre los pacientes. “En ningún lugar del mundo se pone la letra K en las ampollas de potasio, sino que lleva su nombre completo, y las ampollas de vitamina K tienen otro tamaño”, le explicó a este medio una fuente inobjetable del caso.

En contrapartida, se espera que la defensa de la enfermera apele a que el hospital tenía vitamina K vencida -al igual que otros medicamentos de la farmacia-, y que por eso ocurrieron los casos. Las fuentes consultadas coinciden en que existieron lotes pasados de fecha, pero al menos en la investigación no hay pruebas certeras que los conecten con los bebés fallecidos.

Otro punto sobre el que harán hincapié los abogados de la acusada son los horarios de las muertes y descompensaciones. Se contrastarán con sus ingresos y egresos al Neonatal para determinar si Brenda Agüero estuvo presente o no en cada hecho.

Cuando en el juicio llegue el momento de exponer los resultados la pericia psiquiátrica que se le practicó a la enfermera, los jueces y el jurado popular escucharán las razones que tiene el Ministerio Público Fiscal, a partir de su investigación, para sospechar por qué les habría inyectado potasio e insulina.

Los fiscales Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini defenderán la hipótesis que sostiene que lo hizo para enfermar a los bebés adrede y ser la primera enfermera en dar aviso a sus superiores. Para sobresalir y destacarse en su trabajo por encima de sus compañeros.

La imputación formal contra la enfermera es por cinco casos de “homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado”, y otros ocho por el mismo delito, en grado de tentativa. Está detenida en la cárcel de Bouwer desde el 19 de agosto de 2022.

• Liliana Asís, ex directora del Hospital Materno Neonatal, y Claudia Ringelheim, ex vicedirectora, están acusadas de encubrimiento doblemente agravado, falsedad ideológica y omisión de deberes de funcionario público.


• El otro directivo del centro de salud que está implicado es el ex subdirector de Gestión Administrativa Julio Escudero Salama, que enfrentará los mismos cargos, a excepción de la falsedad ideológica.


• Entre los funcionarios de alto rango están el ex ministro de Salud Diego Cardozo, el ex secretario de Salud Pablo Miguel Carvajal, y el ex jefe del Área Legales del Ministerio Alejandro Gabriel Gauto, que podrían ser condenados por encubrimiento doblemente agravado.


• Por último, los médicos y trabajadores del Neonatal que serán juzgados son Alicia Beatriz Ariza (ex jefa de Enfermería), Marta Elena Gómez Flores (ex jefa de Neonatología), María Alejandra Lujan (firmó las actas de defunción y habría tenido conocimiento de las muertes y no denunció), y Adriana Luisa Moralez (médica). Entre ellos se reparten acusaciones por omisión de deberes de funcionario público, encubrimiento doblemente agravado y falsedad ideológica.

En tanto, los jueces camaristas que integrarán el tribunal son Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman. También habrá un jurado popular compuesto por 20 ciudadanos -entre titulares y suplentes-, y 14 querellantes particulares.

FUENTE: INFOBAE.