El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, a cargo del magistrado Diego Amarante, ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bursátil de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La resolución se extiende a los principales miembros de la mesa directiva de la entidad, en el marco de una investigación por presunta apropiación indebida de aportes previsionales.

La medida alcanza de forma directa a Pablo Toviggino, tesorero de la institución, a Cristian Ariel Malaspina, secretario general, y a Gustavo Lorenzo, director general. La decisión del magistrado incluye la habilitación de la feria judicial para dar curso a las diligencias procesales, debido a la relevancia y los montos involucrados en la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La investigación avanza en determinar si existió un delito tipificado en el Régimen Penal Tributario. Según las actuaciones, la AFA habría retenido fondos destinados a la seguridad social de sus empleados y de trabajadores de diversos clubes, sin efectuar el depósito correspondiente ante el fisco nacional dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.

El periodo que está siendo investigado comprende desde marzo de 2024 hasta septiembre del mismo año. La acusación sostiene que la entidad, con sede en la calle Viamonte 1366, omitió el pago de estas obligaciones tributarias una vez transcurrido el plazo legal de treinta días corridos posteriores a la retención de los haberes.

El fiscal Claudio Navas Rial, a cargo de la acción pública, imputó a Claudio Tapia basándose en su responsabilidad institucional y en el manejo de la clave fiscal de la asociación. El dictamen fiscal argumenta que la magnitud económica de la operatoria justifica la extensión de la pesquisa hacia el resto de la mesa directiva, quienes poseen facultades de gestión y disposición de activos.

Dentro del marco legal, la causa analiza la posible infracción al artículo 7° de la Ley 27.430. Dicha norma establece penas de prisión de dos a seis años para quienes, mediante ocultamiento o declaraciones engañosas, evadan el pago de aportes a la seguridad social por montos que superen el umbral de punibilidad establecido mensualmente.

La figura jurídica de "apropiación indebida" se configura cuando el agente de retención percibe el tributo del contribuyente pero no lo transfiere al Estado. En este caso, la justicia busca determinar si existió una maniobra deliberada para financiar el funcionamiento operativo de la entidad con fondos que pertenecen al sistema previsional.