El Frente Marítimo de Ostende vuelve a estar en el centro del debate. En el sector conocido por sus paradores boutique —como La Escondida— y las nuevas edificaciones de cemento sobre la arena, persiste un conflicto judicial que lleva años: la demanda contra la Municipalidad por el cobro de la sombra en playa.

Según fuentes cercanas al expediente, cada parador adeuda al erario público alrededor de 35 millones de pesos por año, una cifra que, pese a los reclamos, no ha impedido su funcionamiento ni su participación en las reformas del frente costero.
Mientras tanto, el juicio continúa paralizado, y los empresarios utilizan la vía judicial para suspender los pagos o dilatar sanciones, aprovechando los resquicios de un sistema que parece beneficiar siempre al más fuerte.

De acuerdo con la legislación municipal, los establecimientos con deuda no pueden ser habilitados. Sin embargo, la situación en Ostende demuestra lo contrario. “Acá vale todo”, coinciden vecinos y comerciantes que denuncian una clara desigualdad de trato frente a los pequeños contribuyentes.

Para la próxima temporada, el área se prepara para recibir streamers, medios nacionales, fiestas, bailes y hoteles, en lo que muchos describen como “la zona más exclusiva y conflictiva del litoral pinamarense”.
El interrogante sigue abierto: ¿hasta qué punto el Frente Marítimo de Ostende se ha convertido en una playa privada, amparada por la inacción judicial y la vista gorda del poder político?