En concreto, la Suprema Corte bonaerense tiene que resolver si hace lugar a la apelación de un recurso de amparo presentado por la Municipalidad de General Madariaga a instancias de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, en el marco de un conflicto cuyas consecuencias ambientales pueden ser graves.

El conflicto es de larga data. Y se inicia con una embestida judicial de parte de Madariaga, gobernada por el radical Carlos Santoro, que redundó en que la empresa Ecoplata se retire de su propio predio y deje la explotación económica de la disposición de residuos en favor de la comuna. El pretexto fue la falta de obras de saneamiento ambiental, y el recurso fue auspiciado por la fiscalía de Estado.

Ecoplata cumplió con la orden judicial, pero apeló ante la Cámara en lo Contencioso y Administrativo de Mar del Plata con seis fundamentos. El primero de ellos cuestionaba la intervención de la Fiscalía de Estado y fue el argumento del tribunal para devolverle a Ecoplata la posesión y la operación del predio.