En la causa se investigan irregularidades y el presunto desvío de fondos provenientes de los Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, los fiscales Carlos Rívolo y José Lenkiewicz requirieron el pasado viernes la elevación a juicio de la causa que involucra a ex funcionarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a 44 Intendentes, por la presunta comisión del delito de “Administración Fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, por el manejo irregular y desvío de fondos provenientes de los Programas Municipales de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”.

El caso, que trascendió hace unos meses, involucra –como ya lo publicamos- en nuestra zona a Gustavo Alfredo Walker,  Intendente de Pila; Héctor Aníbal Olivera de Tordillo y a quien lo fuera de Lezama, Carlos Marcelo Racciatti, quienes al igual que otros 41 Intendentes kirchneristas están imputados de haber recibido entre 2013 y 2015 en su condición de Jefes Comunales transferencias de fondos para la Gestión de Residuos y no haberse verificado la inversión de ellos en los proyectos pautados.

El sitio “Fiscales” de la Procuración General de la Nación difundió la información del pedido de elevación  a juicio, precisando que entre enero y febrero de 2016 se realizaron auditorías sobre los procedimientos y los mecanismos de control de la operatoria y rendición de transferencias a los municipios, en el marco de los Programas Municipales de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

Que los proyectos consistían en transferencias de fondos del Tesoro Nacional, de carácter no reembolsable, contra rendición de cuentas, con el objetivo de brindar asistencia técnico financiera a municipios de todo el país para que lograran una gestión sustentable de sus residuos sólidos urbanos, a través de proyectos orientados a la eliminación de basurales a cielo abierto, construcción o ampliación de rellenos sanitarios, montaje de plantas de reciclaje, adquisición de vehículos destinados a la recolección de residuos, entre otros.

Los auditores constataron el estado de las obras, compras o contrataciones contempladas en 121 expedientes elegidos al azar, de cuyo resultado surgió que en solo 22 de ellos se habían cumplido totalmente los objetivos y que, en otros 55, no se había verificado lo pautado en los proyectos, pese a que se había transferido el dinero a las respectivas intendencias, concluyendo el informe realizado, que la desorganizada estructura administrativa del Ministerio había resultado funcional para que los Intendentes de los municipios beneficiados utilizaran  los fondos recibidos con fines distintos y/o desconocidos, lo que había ocasionado un perjuicio al erario público nacional.

En febrero pasado el Juez Federal Claudio Bonadío procesó a 91 Intendentes en el marco de esa investigación, y en julio, la Sala I de la Cámara Federal confirmó el procesamiento y embargos para tres ex Jefes del Gabinete del Gobierno Nacional y a ex funcionarios del Ministerio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de 41 Jefes Comunales –algunos en función y otros que lo fueron-, entre ellos Héctor Olivera (Tordillo), Gustavo Walker (Pila), y Carlos Racciatti (ex de Lezama).

A los Intendentes de los imputó –prima facie- de ser partícipes necesarios del delito de Administración Fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública. Ahora los Fiscales Rívolo y Lenkiewicz en su requerimiento de elevación a juicio les endilgan, que a la fecha no se había podido “determinar el destino final que le dieron a los respectivos caudales recibidos por cada uno de ellos” para los proyectos de Gestión Sustentable de Residuos Sólidos Urbanos en sus respectivos distritos.