14/06/18Juicio a Roberto PorrettiDespués de 10 años, condenaron a Porretti por extorsión en grado de tentativa

Sentenciaron al ex intendente de Pinamar y su secretario de Gobierno a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, luego de 10 años de juicio.

 Adelanto de “El Mensajero de la Costa”


El tribunal de Dolores compuesto por los doctores Cristián Gasquet; Emiliano Lazzari y Claudia Castro, resolvió el pasado miércoles, por un veredicto y sentencia, condenar al ex intendente de Pinamar, Roberto Martín Porretti y a quien fue su secretario de Gobierno, Aldo Leonián, a dos años y medio de prisión condicional por el delito de extorsión en grado de tentativa.


De esta manera, en el debate que se inició el pasado 4 y 5 de este mes, el tribunal cambió y bajó la calificación de “extorsión” por la de “extorsión en grado de tentativa” como lo había solicitado el fiscal interviniente, Juan Dávila.


Si bien es posible que la fiscalía no apele la mencionada sentencia, la defensa tendrá 20 días para hacerlo ante Casación.


Los hechos, según la causa:


Hacia fines de diciembre de 2007, en el transcurso del mes de enero y en los primeros días del mes de febrero de 2008, un sujeto que se desempeñaba como Secretario de Gobierno, al parecer, mediante amenazas de ordenar por funcionario legalmente competentes y bajo su órbita de actuación, determina la clausura y revocación de la habilitación comercial del Complejo denominado "KU - EL ALMA" que funcionaba en Pinamar.


Aparentemente el local contaba con los requisitos exigidos por distintas Ordenanzas vigentes para su funcionamiento y habilitación expedidas por organismos provinciales, y al parecer había exigido a los titulares de la firma comercial y propietarios del lugar, una cifra dineraria cercana a los ciento setenta y cinco mil pesos. Las víctimas ante la intimidación y amenazas habrían abonado parte de la suma exigida, habiendo efectuado tres pagos de pesos treinta mil cada uno, en efectivo, que fueron efectivizados durante distintas fechas de enero de 2008.


Tal exigencia indebida pergeñada por el Secretario de Gobierno y supuestamente conocida de antemano, “fue avalada y consentida” por el titular del Departamento Ejecutivo, “acreditándose además que las sumas entregadas no ingresaron al patrimonio de la Municipalidad, sino a sus arcas personales" indicó la descripción de la materialidad ilícita.




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