El martes 22 de diciembre último, la Sala IV de la Cámara de Casación resolvió confirmar el fallo de prisión al ex intendente de Paraná Sergio Varisco, elegido por la lista macrista en diciembre de 2015. Junto a él, fue ratificada la pena respecto de Daniel Tavi Celis, el jefe de la banda de narcotraficantes que controlaba la comercialización de estupefacientes en un perímetro acotado de Entre Ríos. La investigación se había iniciado en el domingo 28 de mayo de 2017, con el secuestro de un cargamento de 317 kilogramos de marihuana proveniente de Paraguay, localizado en una avioneta averiada en el municipio de Villa Urquiza, ubicado en el la zona de  Tala, perteneciente al departamento entrerriano de Paraná.

El tribunal de alzada avaló la pena de 6 años y medio de prisión para el ex jefe comunal, quien fue encontrado responsable como partícipe necesario de comercialización de estupefacientes, condena agravada por su condición de funcionario electo. Casación también dejó firme la condena contra la ex secretaria de Seguridad de Paraná, Griselda Bordeira, quien se encargaba de garantizar la comercialización sin la molesta presencia policial. Celis no sólo era el regente del grupo delictivo, sino un aportante selecto de la campaña electoral de Cambiemos, para la cual sumó $ 2 millones (a valores de 2015). Su cercanía con Varisco quedó expuesta durante la caravana realizada por Macri en Paraná, semanas antes de la elección de 2015, en la que se utilizó su camioneta para el desfile. En dicha recorrida, Varisco se mostró junto al candidato presidencial, el senador Alfredo De Ángeli y la presidenta del Concejo Deliberante de la capital entrerriana, Josefina Etienot.

A pesar de que no se logró detener al tripulante del avión donde se hallaron los 371 kilos de estupefacientes, la documentación hallada en la cabina evidenció que provenía de Paraguay, el mayor productor de marihuana del Cono Sur. El dato de la proveniencia del cargamento aparece como central si se efectúa un pormenorizado registro de los vínculos entre referentes del actual Juntos por el Cambio y la comercialización indebida de esas sustancias.  En septiembre de 2016, Félix Manuel Bejar Prat, primo del entonces ministro de Economía Alfonso Prat-Gay, fue detenido por ser responsable del envío de una tonelada de cocaína a Valencia. El embarque original procedía de Colombia, pero ingresó a la Argentina desde Paraguay. En julio de 2017, la dirigente cambiemita de Misiones Danna Báez fue detenida en Brasil con 6 kilos de cocaína proveniente de la ciudad paraguaya de Carlos Antonio López, ubicada en el departamento de Itapuá, zona controlada por el ex Presidente paraguayo Horacio Cartes. Un mes después, en agosto de 2017, el integrante del cuerpo de asesores cambiemitas de la Cámara de Diputados chaqueña, Sergio García, fue detenido en posesión de una tonelada y media de marihuana proveniente del Puerto Paso de Patria, Paraguay.

Menos de una semana después, Silvio Troncoso, hijo del diputado provincial entrerriano –y ex intendente de la localidad de Maciá–, Ricardo Troncoso, fue detenido con 22 kilos de marihuana proveniente de Paraguay. El hermano del detenido es el actual jefe comunal de Maciá, sucesor del actual legislador. En noviembre del mismo año se confirmó que el detenido por narcotráfico Fernando Gastón Acuña fue dirigente de la juventud del PRO, aportante de la campaña de 2017 de Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires. Acuña fue procesado por trasladar 4 kilos de cocaína en 2012, provenientes de Paraguay. A pesar de ese antecedente, se convirtió en candidato del PRO en Bahía Blanca.

Conexión Guaraní: Macri y Cartes

Seis meses atrás el ex Presidente Mauricio Macri visitó a Horacio Cartes en Paraguay, a quien está vinculado por una trayectoria político-deportiva análoga. Ambos fueron máximos dirigentes de clubes futbolísticos (Boca Juniors y Libertad) y primeros mandatarios de sus países. Según diferentes fuentes periodísticas paraguayas, ambos se encuentran asociados en negocios inmobiliarios ligados a una futura represa conocida como Aña Cuá, complementaria de Yacyretá. El ex mandatario guaraní puso a disposición uno de sus jets privados, perteneciente a la flota de la empresa Tabacalera del Este Sociedad Anónima (TABESA), de la que es titular. Cartes fue señalado por la Drug Enforcement Agency (DEA) y la Secretaría de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos (NSI), como integrante de un entramado comprometido con el lavado de dinero y como «encargado de blanquear grandes cantidades de dólares generados a través de transacciones ilegales, incluido el narcotráfico y el contrabando, con sede prioritaria en la Triple Frontera”.

La imputación fue difundida por WikiLeaks a partir de unos cables enviados desde Buenos Aires en enero de 2010,  años después  de que la seguridad aeronáutica incautara un avión de matrícula brasileña con un cargamento de 343 kilos de marihuana y 20 kilos de cocaína, en la estancia de Capitán Bado, propiedad de Cartes. En 2003 la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de la Cámara de Diputados de Brasil acusó a Cartes de ser el máximo responsable del contrabando de cigarrillos en territorio brasileño. Según un informe de 2016 del Departamento de Estado, el 10 % del contrabando mundial de cigarrillos proviene de las actividades ilícitas paraguayas. El máximo productor de cigarrillos guaraníes es el ex Presidente paraguayo, y el monto estimado de su facturación ilegal alcanza los 1.000 millones de dólares. El mismo informe señala que un 90% de ese monto se desplaza hacia las guaridas fiscales gracias a la aquiescencia de un sistema financiero desregulado, paradigma del esquema neoliberal en boga entre las elites económicas latinoamericanas.

Los antecedentes delictivos del amigo de Macri se remontan a la década del ’80 del siglo  pasado, cuando fue condenado por defraudación al Estado por malversar fondos del Banco Central del Paraguay, canalizando préstamos hacia empresas inexistentes. Luego de ser condenado por la Justicia paraguaya estuvo varios años prófugo, hasta que cumplió sólo dos años de cárcel (entre 1986 y 1987) en la prisión de Tacumbú. Los 34 millones hurtados al erario público nunca fueron restituidos: se transformaron en el capital inicial de su futuro crecimiento empresario, incrementado luego de fundar la Casa de Cambios Amambay, utilizada, años después, para lavar dinero negro del denominado Lava Jato. En 2005, cuando se dispuso a inaugurar una sede en Estados Unidos, falsificó su currículum ante el Departamento del Tesoro, al omitir su paso como presidiario.

El 15 de agosto de 2013 Cartes asumió como primer mandatario paraguayo. Cuatro meses después, el 10 de diciembre de ese mismo año, fue capturado un helicóptero en el departamento de Espíritu Santo, en Brasil, con 445 kilogramos de pasta base de cocaína. La aeronave pertenecía a la flota del presidente del Club Cruzeiro y senador brasileño Zezé Perrella, socio y confidente de Cartes en el mundillo de la compra y venta de jugadores de fútbol. El GPS secuestrado en el operativo consignaba un plan de vuelo con punto de partida en la finca del  entonces primer mandatario guaraní.

Su familia tampoco colaboró mucho para purificar su apellido: su tío Juan Domingo “Papacho” Viveros Cartes fue condenado en 2001 a 17 años de prisión en Brasil por transportar 235 kilos de cocaína. Gracias a la capacidad de lobby de su sobrino, el señor de los cielos –así se lo conoce en Paraguay a Papacho– logró ser extraditado a Paraguay donde la condena se redujo a la nada. Unos años después, ya especializado en el  transporte aéreo hacia la Mesopotamia argentina –tierra de Varisco, Bordeira, Báez y Troncoso–, fue detenido con 558 kilos de marihuana prensada. En abril de 2018 fue condenado por este último embarque frustrado a 8 años de prisión.

Estas relaciones peligrosas entre los cambiemitas y el entramado del narco paraguayo exhibieron un nuevo capítulo en octubre del año en curso cuando se incautó un helicóptero, ploteado con la simbología de la policía bonaerense, en un hangar perteneciente a una banda especializada en  trasladar marihuana hacia la Argentina. El propietario del helicóptero es el empresario cercano a Macri Leonardo Spokojny, quien proveyó de aeronaves al gobierno de María Eugenia Vidal durante su gobierno. Para justificar los abultados montos de los alquileres abonados a Spokojny, los funcionarios de Cambiemos se vieron en la necesidad, previamente, de desmantelar la flota provincial de helicópteros, compuesta por cuatro naves R.

La lógica del Tero

Mientras se ahondaban los vínculos comerciales non sanctos entre Paraguay y Argentina, Patricia Bullrich sobreactuaba su guerra contra el delito relativo a los estupefacientes. En el periodo que la ministra se disfrazaba de ropa de fajina, el Observatorio Argentino de Drogas, área de investigación pública perteneciente al SEDRONAR, difundía un estudio comparativo de cómo se incrementaron los consumos entre los jóvenes de 12 a 17 años: tres años después de la asunción del macrismo, se publicaron resultados atinentes a la población más joven (12 a 17 años), el segmento de mayor vulnerabilidad. Dado que el estudio había sido producido durante los dos primeros años del gobierno de Cambiemos, sus autoridades hicieron malabares para invisibilizar sus conclusiones.

El aumento de un 300 % en el acceso a la cocaína y al éxtasis por parte de niños y adolescentes es la evidencia del fracaso del enfoque punitivo promovido por la guerra contra las drogas y la evidencia de una creciente facilidad para el acceso a las sustancias más adictivas y dañinas. Los guarismos provistos por el SEDRONAR son análogos a los provistos por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), donde se visibiliza el marketing cambiemita: durante los tres años que se llevó a cabo la estructuración de los datos, creció en un 84 % el total de hechos denunciados relativo a la violación de la Ley 23737. Eso implica una denodada dedicación de las fuerzas de seguridad para perseguir a los consumidores y un llamativo desgano en la persecución de las grandes mafias del narcotráfico.

En agosto de 2015, pocos meses antes de las elecciones, Elisa Carrió llevó a cabo una operación, junto a Jorge Lanata, en la que un ex policía narco, José Salerno, afirmaba que uno de los jefes de la comercialización de drogas en la provincia de Buenos aires el entonces candidato a gobernador Aníbal Fernández. Esa denuncia se convirtió en un ingrediente clave para el triunfo de María Eugenia Vidal. La nota se grabó en la casa de Carrió y los acontecimientos posteriores dejaron en evidencia la instauración de una guerra jurídica y comunicacional dispuesta para cercenar la continuidad de un modelo nacional y popular. Los hermanos Lanatta, que fueron parte de la acusación al entonces Jefe de Gabinete, se fugaron de la cárcel apenas asumió Vidal. Luego de su detención uno de los hermanos denunció ante un juez que lo extorsionaron para que diga que la Morsa era Fernández. Mientras Mauricio Macri se ejercitaba en globología, Patricia Bullrich, con la magnánima colaboración de la DEA y el resto de las agencias de Estados Unidos, instauraba la lógica del tero: hacer muchos procedimientos contra consumidores y desechando el seguimiento y las  investigaciones en relación a la conexión guaraní, de donde proviene el 70 % total de la droga que se comercializa en Argentina.

Cuando se escriba la historia de este tiempo con la objetividad que brindan los datos duros, desgajados del esfuerzo ideológico con que se buscan ocultarlos, se apreciará con claridad la defraudación social impuesta por un modelo de acumulación, simulación y gestión pública, exclusivamente destinado a proteger a los más poderosos y desempoderar a los más humildes. La utilización del narcotráfico como emblema político de la derecha local se ajusta al postulado de la instauración del pánico moral apto para reprimir a las mayorías sociales y estigmatizar, de forma paralela, a sus dirigentes. El resto no es más que marketing dispuesto para encubrir los grandes negocios del narcotráfico que son indisociables de las guaridas fiscales, la desregulación financiera y la criminalización de lxs consumidores. Todo cierra.