La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) pidió este miércoles al Gobierno bonaerense que incluya a las personas detenidas en el plan de vacunación contra el coronavirus y priorizar, con los mismos criterios a los adoptados para toda la comunidad, a las personas con factores de riesgo y edad avanzada.

La CPM advirtió que “en momentos que recrudece la pandemia por la llegada de la segunda ola, el esfuerzo realizado por el Estado nacional y provincial en la lucha contra la pandemia, no tuvo su correlato en los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires”.

“El crecimiento exponencial de esta segunda ola de coronavirus obliga a extremar las medidas sanitarias para mitigar el contagio en el encierro, principalmente la vacunación de las personas detenidas”, consignaron desde el organismo provincial.

La CPM también afirmó que persisten las inhumanas condiciones de detención, sobrepoblación y hacinamiento en cárceles y comisarías y cuestionó que los protocolos sanitarios no se cumplen, los testeos casi inexistentes, el acceso a la salud es nulo o deficiente porque falta personal e insumos, y la vacunación no se realizó.

De acuerdo a los datos del organismo, durante 2020 de las 178 personas fallecidas en cárceles bonaerenses 28 fueron por Covid-19, y la información actual no es “ni rigurosa ni completa”. “Hasta el 12 de marzo de este año, se habían realizado sólo 345 hisopados en las unidades penales en una población de 44 mil”, consignaron.

“En una población de más de 44 mil detenidos, ese número de testeo representa una tasa de 9 hisopados cada 1.000 personas; cifra notablemente más baja que las tasas provincial (131), nacional (164), del Servicio Penitenciario Federal (103) y de las comisarías bonaerenses (418)”, agregaron.

En esa línea, desde la CPM remarcaron que “al aparecer un caso sospechoso, las medidas sólo consisten en aislar a pabellones enteros sin testear ni brindar ningún seguimiento o atención, la que queda en manos de los compañeros de la persona detenida”.

“Durante el año pasado, 28 personas detenidas cárceles bonaerenses murieron por coronavirus; esto representa una tasa de 7 muertes cada 10.000. Tasa inferior tanto a la del Servicio Penitenciario Federal (15) como a la provincial (15) y la nacional (12)”, ampliaron.

La emergencia de una segunda ola de coronavirus, con cepas que tienen mayores índices de transmisibilidad y que manifiestan cuadros clínicos más graves en pacientes jóvenes, “hace indispensable tomar medidas para garantizar no sólo la salud de las personas detenidas sino también para evitar que los contagios se disemine extramuros”.

“En notas remitidas a los Ministerios de Justicia y Salud, reclamamos que se garantice la provisión a las personas detenidas, de manera regular y periódica, de los elementos necesarios: barbijos, jabón de tocador, alcohol en gel y lavandina o lejía. Asimismo, pidió que se controle el cumplimiento de los protocolos”, agregaron.

Además, señalaron que “el esfuerzo que significó la construcción de los hospitales modulares en cárceles fue una gran noticia; sin embargo, aún no están funcionando por falta de personal e insumos, una constante evaluada en cada inspección y que será difícil de resolver”.

“La falta profesionales es cada vez más visible. A modo de ejemplo, grandes complejos carcelarios como Sierra Chica (3.046 personas en tres unidades penitenciarias) o Magdalena (3.555 personas en 4 unidades, una de ellas de mujeres) cuentan apenas con un médico de guardia, dos o tres días por semana”, sumaron.

Pedido a la Corte bonaerense

La CPM también solicitó a la Corte bonaerense que “instruya a los jueces para revisen la situación de detención y controlen la condición de las personas que se encuentran detenidas a su cargo y son grupos de riesgo según las disposiciones de Ministerio de Salud en unidades penitenciarias, alcaidías o dependencias policiales”.

También reclamó que “instruya a los magistrados para revisar de oficio las prisiones preventivas por delitos leves y no violentos, y evaluar el otorgamiento de libertadas o medidas morigeratorias para los condenados por estos mismos delitos y para aquellos en condición de acceder a los regímenes de libertades asistidas y condicionales”.

La CPM también pidió que “se disponga el funcionamiento pleno de las distintas dependencias de las asesorías periciales dependientes de la Corte, dando prioridad al tratamiento de los pedidos de morigeraciones”.

En cuanto, a la situación de comisarías, la CPM exigió “que se instruya a los jueces para que en el marco de sus competencias prioricen la disposición de medidas alternativas al encierro de aquellas personas que transitan su detención en dependencias policiales y en especial de aquellas que lo hacen en comisarías clausuradas por orden judicial”.