Por lo mismo, la letrada describió que los tres denunciados promovieron acciones que persiguen "realizar lo que el DNU prohíbe", como concurrir a clases de modo presencial, en el caso Larreta, al pedir intervención a la Corte Suprema para que exima a la Ciudad del cumplimiento del decreto.

En relación al accionar de Stanley, Carreras la incluyó en la demanda por impulsar una acción de amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9, en el mismo sentido que la presentación del Jefe de Gobierno.

Sobre Bullrich, Carreras manifestó haberla incluido en la denuncia porque la titular del PRO anunció "que presentaría un recurso de amparo contra el decreto de mentas (por el DNU 241)".

Es que, la titular del Pro nacional advirtió que busca dejar sin efecto no sólo la suspensión por 15 días de la presencialidad educativa en el AMBA sino también "las restricciones horarias a la circulación, a ciertos rubros comerciales y deportivos".

Por otro lado, la denunciante planteó que las medidas dispuestas en el decreto que suspende las clases presenciales hasta el 30 de abril son coincidentes con acciones tomadas ante la pandemia por los gobiernos de Francia, Italia y Alemania.

Finalmente, Carreras remarcó que Rodríguez Larreta, Stanley y Bullrich incurrieron en la conducta prevista en el artículo 205 del Código Penal (atentado a la salud pública, que prevé penas de 6 meses a 2 años).

Además, la abogada pidió que se evalúe el accionar de los funcionarios en relación al delito tipificado en el artículo 230 inciso 2 (sedición, al que le corresponde una pena de 1 año a 4 años), "al ponerse de acuerdo para contrariar una disposición nacional a fin de que no sea aplicable en su jurisdicción".

Cabe destacar que el viernes pasado, y el marco de la disputa entre el Gobierno porteño y el Ejecutivo nacional respecto a las medidas sanitarias dispuestas por el presidente, Alberto Fernández, para frenar la segunda ola de coronavirus, el exmandatario, Mauricio Macri, también fue denunciado judicialmente.

Quien llevó adelante la presentación, el agente Fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Juicio y Flagrancia Nro. 1 del Departamento Judicial de Morón, Javier Ignacio Baños, solicitó que se investigue si Macri cometió el delito de violación de medidas para impedir la propagación de una epidemia.

Por eso, Baños también pidió a la fiscalía general de su departamento que evalúe si el expresidente también instigó a cometer delitos, que prevé penas de entre seis meses y dos años de prisión.

La demanda en su caso devino de la publicación en Twitter del referente de Juntos por el Cambio donde expresó que “los intendentes de PBA tienen la oportunidad de imponer su liderazgo para que las pocas escuelas que están abiertas continúen así”.

“Es fundamental preservar el vínculo entre los alumnos y la escuela y no apoyar fallidas decisiones improvisadas, basadas en la intuición o el miedo”, instó el expresidente para que los jefes comunales adhirieran a los amparos judiciales impulsados por la gestión porteña.