El presidente, Alberto Fernández, destacó el "alto acatamiento" de las restricciones que rigen desde ayer en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y consideró que la mayoría de la población "percibe la dimensión del problema" ante la segunda ola de coronavirus.

"La gente advierte que se expone estando en lugares donde hay mucha aglomeración de personas. Yo agradezco a todos a que me ayuden en este momento minimizando la circulación y los encuentros sociales", dijo el Primer mandatario.

Desde las 00 horas del viernes rige en el AMBA la prohibición de circular entre las 20 y las 6 de la mañana, mientras que los locales gastronómicos deben cerrar sus puertas a las 19 y luego podrán continuar con la modalidad 'take away'.

En tanto, durante 15 días, y para intentar mitigar la propagación de los contagios, también están cerrados los centros comerciales y shoppings, y suspendidas las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados.

Asimismo, Fernández reveló que mandó a retirar las vallas que durante la noche puso la Policía Federal en la residencia presidencial de Olivos, para prevenir que volvieran a ocurrir manifestaciones como las del jueves.

"Ordené que no quiero vallas. Las habían puesto por la violencia de la manifestación en la que estuvo Patricia Bullrich la otra noche y por temor a que volvieran", explicó el mandatario.

Al ser consultado sobre el conocimiento de la situación, Fernández indicó que “no estaba enterado de eso, cuando me lo contaron, di orden de retirar las vallas de inmediato. Fui yo quien dispuso retirar las vallas de Plaza de Mayo que había puesto el Gobierno anterior”.

En relación a la capacidad de atención sanitaria en el distrito porteño, el Presidente indicó que “hemos adoptado estas medidas porque entendemos que así vamos a poder poner en sintonía al sistema de salud de la ciudad que hoy está al borde de su saturación”.

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Por otro lado, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, algunos jefes comunales y organizaciones de padres, presentaron recursos de amparo para que no suspenda la presencialidad de las clases.

En respuesta a ello, Fernández sostuvo que "no me parece razonable judicializar decisiones de política sanitaria en medio de una pandemia". ”Les estamos exigiendo a los jueces que tomen decisiones que los exceden por el mismo marco objetivo de pandemia”.

En la misma sintonía, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, que presenció los operativos de control realizados en distintos puntos del AMBA destacó que "la inmensa mayoría de la gente acató la medida".

"Se labraron entre 100 y 150 actas de infracciones a personas que circulaban sin la autorización correspondiente, pero el balance es positivo", indicó la ministra quien, también, resaltó “el trabajo” conjunto de las fuerzas nacional, provincial y porteña.

En consonancia, esta mañana, varios intendentes peronistas salieron a respaldar las medidas establecidas por el Gobierno nacional y adelantaron un alto acatamiento en los distritos en los que se aplican las mismas.

El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, agradeció "a los vecinos y vecinas por el excelente acatamiento a las nuevas medidas del presidente, Alberto Fernández, y el gobernador, Axel Kicillof”.

"Gracias a todo nuestro pueblo por el acatamiento a las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional. Sigamos manteniendo la cultura del cuidado colectivo, con responsabilidad y solidaridad", dijo el jefe comunal de Ituzaingó, Alberto Descalzo.

En la misma línea, legisladores, intendentes y concejales nacionales y bonaerenses del Frente de Todos firmaron una solicitada en apoyo a las restricciones e indicaron que “son dos semanas que exigen un esfuerzo colectivo en el AMBA”.

Asimismo, los firmantes precisaron que "mientras mejor lo cumplamos como sociedad, más rápido podrán relajarse estas medidas que además son acompañadas por un esfuerzo económico por parte del gobierno nacional, para atender a los sectores más afectados".

La disputa con la Ciudad de Buenos Aires

La Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte Suprema es competente para resolver el planteo efectuado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que se garantice la presencialidad en las aulas.

El documento fue firmado por la Procuradora, Laura Monti, quien sostuvo que "la Ciudad tiene el mismo puesto que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales”.

De esta manera, la Corte Suprema está en condiciones de determinar si hace lugar al tratamiento de la acción de inconstitucionalidad con un pedido de medida cautelar para que se suspenda la vigencia del Decreto presidencial.

El planteo de la Ciudad se basó en tres ejes: el primero es la supuesta violación de la autonomía de la Ciudad, -“la decisión adoptada por el Estado Nacional implica una virtual intervención federal”.

Además, la CABA denunció la violación al principio de razonabilidad -“la suspensión de las clases presenciales no se encuentra justificada en datos empíricos”- y la violación del principio de supremacía federal.